Un juez ha condenado a los cinco miembros de una banda paquistaní por su pertenencia a una organización criminal dedicada a extorsionar a compatriotas afincados en la provincia de Almería a los que amenazaban con denuncias falsas si no les abonaban periódicamente cantidades que oscilaban entre los 3.000 y 10.000 euros para su sostenimiento y a los que amedrentaban para hacerse con el monopolio de venta de flores ambulante.
Según recoge la sentencia, declarada en firme tras la conformidad entre las partes, los acusados crearon un sistema organizado tendente a que "todo aquel ciudadano paquistaní que pretendiera residir y trabajar en la provincia de Almería, lo hiciera abonando cierta cantidad económica", con lo que consiguieron centralizar y canalizar la actividad económica de sus compatriotas.
De esta manera, los acusados consiguieron estructurar un grupo que se hizo con el monopolio del negocio de la venta ambulante de flores y conseguía pagos para su sustento mediante el que se llegó a contabilizar una veintena de víctimas, según las diligencias aportadas por la Guardia Civil que consiguió desarticular la banda el 20 de marzo de 2013 mediante la operación 'Panyab'.
El fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería y al que ha tenido acceso Europa Press sostiene que los acusados habrían actuado al menos durante siete años, en los que amenazaban a otros ciudadanos de origen paquistaní mediante amenazas de ser denunciados falsamente para provocar su expulsión del país o una condena, para lo que se servían además de testigos falsos en el juicio.
En esta línea, el juez condena a los acusados por los delitos de integración en grupo criminal, extorsión, amenazas, simulación de delito y falso testimonio, con lo que impone penas de hasta tres años y seis meses de prisión a los dos 'cabecillas' de la banda y un año y medio de cárcel al resto de miembros, si bien tiene en cuenta las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.
El magistrado Fermín Javier Villarrubia da por probado que los integrantes del grupo consiguieron para su lucro personal crear "un ambiente de temor y de intimidación" entre los compatriotas de la provincia, a los que llegaron a amenazar diciendo que sufrirían "daños personales" si no accedían a sus pretensiones tanto para efectuar los pagos como para que dejaran la actividad de venta de flores ambulantes.
SIETE PROCEDIMIENTOS POR DENUNCIAS FALSAS
Los acusados también llegaron a presentar denuncias falsas contra sus compatriotas cuando se negaban a pagar, "imputando de forma mendaz la comisión de diversas infracciones penales", lo que dio lugar a que se incoaran cinco procedimientos judiciales que, en algunos casos, terminaron con sentencias condenatorias y el ingreso en prisión de la persona denunciada.
Para ello, según recoge la sentencia, la banda seguía siempre el mismo modus operandi, en el que un miembro interponía una denuncia frente a un tercero acusándolo de un delito, generalmente robo con violencia, mientras que otro miembro de la organización intervenía como testigo de los hechos para ofrecer una declaración falsa.
En este sentido, un hombre llegó a cumplir de forma íntegra cuatro años de prisión por unos hechos "que nunca ocurrieron" mientras que otros tres fueron condenados, por otros hechos distintos, a una pena de dos años y seis meses de prisión que fueron cumplidos en su totalidad por uno de los condenados y de modo parcial por otro, mientras que el tercero fue declarado en rebeldía.
Las víctimas llegaron a abonar hasta 5.000 euros en pagos a los acusados, quienes deberán indemnizar a varios de los extorsionados con 9.200 euros en su conjunto. Además, a los dos acusados de falso testimonio, que declararon contra personas inocentes bajo concierto con los denunciantes, deberán abonar a las víctimas 100 euros por cada día que estuvieron privados de libertad y 75 euros por los cumplimientos de pena en tercer grado.
No obstante, con respecto a los tres condenados que pertenecían al estrato bajo de la banda, el juez accede a la suspensión de la pena de prisión de seis meses por pertenencia a banda criminal durante un periodo de dos años con la condición de que no vuelvan a delinquir y conmuta la pena de un año de prisión por una multa de 1.440 euros que deberá a abonarse en plazos mensuales de 90 euros a partir de abril.
