Los grupos de la oposición de PSOE, Cs e IU en el Ayuntamiento de Almería han votado este viernes en contra de la aprobación inicial de la Ordenanza General Reguladora del Establecimiento de Precios Públicos propuesta por el equipo de gobierno (PP) ante la falta de acuerdo relativa a un artículo del texto en el que se señalaba la posibilidad de delegar en la junta de gobierno la modificación de tarifas bajo determinados supuestos, lo que habría permitido, según han coincidido los mencionados grupos, en dotar de "más competencias" al equipo de gobierno en detrimento del pleno.
Durante la sesión ordinaria, la concejal de Economía, María Vázquez, ha defendido la necesidad de renovar esta ordenanza fiscal e incluir un mecanismo que permita a la junta de gobierno modificar precios de cara a "agilizar" un procedimiento que permitan implantar nuevos precios en un corto espacio de tiempo y así "beneficiar a los ciudadanos" ya que, según entiende, con esas modificaciones se pretende "favorecer la bajada de precios" en beneficio de los usuarios.
Asimismo, ha incidido en que la propuesta por la que la modificación en junta de gobierno de precios públicos que afecta a servicios deportivos, espectáculos públicos y disfrute de otras dependencias municipales, entre otras cuestiones, debería contar previamente con un dictamen de la comisión plenaria --en la que están representados todos los grupos-- antes de ser llevada a la junta de gobierno, a la que están "invitados" todos los grupos aunque carezcan de voto. Asimismo, tras su publicación en el BOP, se debería volver a dar cuenta del acuerdo en la comisión plenaria. "Hay pasos previos en los que tienen voz y voto", ha dicho Vázquez a los ediles de la oposición.
La postura de la concejal ha sido afeada por la edil del PSOE Carmen Núñez, quien ha recordado que en la junta de gobierno solo tienen voto los miembros del equipo de gobierno mientras que es en el pleno donde "todos estamos en igualdad de condiciones, con voz y voto". "No nos pida actos de fe", ha manifestado la concejal socialista, quien ha recomendado a los miembros del equipo de gobierno que "se planifiquen mejor" para aplicar "lo antes posible" las modificaciones plenarias, toda vez que ha incidido en que hay ordenanzas aprobadas inicialmente y negociados que esperan "en un cajón".
En la misma línea se ha expresado el portavoz del grupo de Cs, Miguel Cazorla, quien además ha incidido en que el dictamen que puede derivarse de la comisión plenaria "no es vinculante" para la toma de decisiones, sentido en el que ha insistido para que se modificara la redacción del articulado de cara a eliminar las posibles competencias que podrían atribuirse a la junta de gobierno sobre la modificación de precios, ya que el mismo órgano podría bajar o elevar las cuantías, según ha señalado.
Más dura ha sido la intervención del portavoz de IU en el Ayuntamiento, Rafael Esteban, quien ha recriminado a Vázquez su postura sobre el papel de la oposición en los órganos distintos al pleno, puesto que en la junta de gobierno son "convidados de piedra". Así, ha rechazado otorgarles la posibilidad de modificar los precios públicos al entender que los miembros del equipo de gobierno "no son de fiar" por lo que su grupo "no va a colaborar" en la mayor atribución de competencias del equipo de gobierno.
Vázquez ha tachado de "lamentable" la posición de la oposición, a la que ha señalado que la medida se aplica en otros ayuntamientos españoles como el de Madrid, Cádiz, Marbella o Níjar, toda vez que ha tratado sin éxito que los grupos aprobaran inicialmente la ordenanza para someterla a un periodo de exposición pública en el que debatirla y estudiar alegaciones de cara a su aprobación definitiva.
EDIFICIO DE URBANISMO
Por su parte, el pleno ha aprobado con el voto a favor de PP y Cs y la abstención de PSOE e IU la autorización a la empresa municipal Almería XXI para el concierto de operaciones que permitan financiar la construcción del futuro edificio de Urbanismo, a ubicar en la Plaza Marín sobre los actuales aparcamientos subterráneos y que incorporará en su azotea un local destinado a restauración.
Esta última cuestión ha sido objeto de duda por parte del portavoz de IU, quien no ha visto "mucho fuste" en la incorporación de un restaurante o cafetería en la parte superior del inmueble, si bien el concejal de Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, ha defendido que la opción ha sido acogida con agrado por los vecinos del casco histórico y apreciada también en la tramitación del concurso de ideas.
La operación financiera contempla el préstamo de 3,5 millones de euros a un plazo de 28 años con el abono adicional de 1,2 millones de euros en concepto de intereses, más comisión de apertura, en el caso de cumplir los plazos hasta el final. Al respecto, desde Cs se ha propuesto la liberar las partidas que se puedan abonar mediante inversiones financieramente sostenibles para atajar los pagos y evitar más de un millón de euros en intereses, cuestión que ha sido rechazada por Castellón quien ha apuntado a condicionantes como la aprobación de los PGE y la modificaciones de crédito hacen inviable el ahorro, según ha visto.
El pleno, cuya sesión se ha suspendido hasta las 16,30 horas, arrancó con una discusión entre el portavoz del Cs y la concejal de Cultura, Ana Martínez Labella --anteriores compañeros en la extinguida GIAL-- sobre las manifestaciones en la sesión anterior en relación a la reducción de los días de feria, con lo que Cazorla ha pedido que se disculpara por su "errónea" intervención en la que, según su versión, afirmó que el edil habría votado a favor de recortar la celebración.
Martínez Labella ha insistido en que ella no le nombró durante su intervención sino que se refirió genéricamente a GIAL, en el que ambos estaban en los órganos de dirección, para decir que fueron los dos ediles del partido --Juan Enciso y Esteban Rodríguez-- los que apoyaron esta propuesta. "No voy a pedir disculpas por algo que no he dicho", ha manifestado.
