La reanudación de las operaciones en el almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), supondría un "riesgo elevado" de nuevos movimientos sísmicos, que podrían ser incluso de mayor magnitud que los registrados en 2013.
Éstas son las conclusiones de informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard (MIT) sobre las causas de los seísmos ocurridos en 2013 y la seguridad del almacén, que han presentado hoy el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, y los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw (Universidad de Harvard).
El informe concluye que la inyección de gas natural en 2013 en el almacén subterráneo de Castor desestabilizó de forma significativa la falla de Amposta y otras ramificaciones, ha explicado Juanes.
A la vista de este informe, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha decidido no reabrir el almacén, ya que no existe certeza absoluta de que no vuelvan a producirse movimientos sísmicos, ha señalado Navia.
El informe concluye que, con los estudios estándar que la legislación del momento exigía, no era posible determinar que la inyección de gas provocaría seísmos.
Navia ha indicado que el posible desmantelamiento del almacén no era objeto del informe, una opción que se analizará a partir de ahora teniendo en cuenta su impacto sobre la seguridad y su coste económico.
El secretario de Estado ha cifrado en 15,7 millones de euros el coste de mantener hibernado el almacén de gas.
El coste del proyecto asciende, sin embargo, a más de 95 millones al año, puesto que hay que sumar 80 millones anuales por el pago de la indemnización a la concesionaria, Escal UGS, controlada por la constructora ACS.
El MIT y la Universidad de Harvard han elaborado un modelo tridimensional que recoge un cuarto de millón de elementos y que muestra las estructuras geológicas de la zona y analiza las presiones que han ejercido sobre ellas tanto la inyección de gas en el almacén en 2013 como las labores petrolíferas de los años 70 y 80.
El almacén se construyó sobre un yacimiento de hidrocarburos que operó en su momento Shell.
El informe, que ha costado 600.000 euros y ha supuesto dieciocho meses de trabajo -según ha detallado el secretario de Estado-, analiza las fallas de la región y determina cuáles son geológicamente activas.
