El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria, ha abierto juicio oral y ha impuesto una fianza de 100.000 euros a su expresidente Tomás Pérez-Sauquillo --que acumula ya fianzas por importe de 2.718.954 euros en esta causa-- y a otros dos acusados por el préstamo concedido a la empresa Lolita Canalla.
En un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan Gutiérrez Casillas abre juicio oral e impone dicha fianza al expresidente de Invercaria, a la administradora de Lolita Canalla, María Malo, y a su jefe de publicidad y comunicación, Ignacio Jarillo.
El magistrado requiere a los tres acusados para que presten la fianza en el plazo de un día, advirtiéndoles de que, en caso de no prestar la fianza exigida, "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".
El juez, que declara a la Audiencia Provincial de Sevilla órgano competente para enjuiciar esta pieza de Invercaria, abre juicio oral contra los tres acusados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
ANTICORRUPCIÓN PIDE SEIS AÑOS DE CÁRCEL PARA PÉREZ-SAUQUILLO
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por el préstamo de 100.000 euros concedido a Lolita Canalla, así como dos años y medio de cárcel y 11 de inhabilitación para María Malo e Ignacio Jarillo, que fue la persona encargada de las gestiones y conversaciones con Invercaria para la consecución del préstamo y quien se encargó de elaborar la documentación que se entregó a la sociedad y de mantener las reuniones con sus responsables.
De igual modo, el Ministerio Público pide que los tres acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la agencia IDEA en la cantidad de 100.000 euros, según el escrito de acusación consultado por Europa Press.
El juez ha concluido ya la instrucción de las cinco primeras piezas del caso por las ayudas a Fumapa, Servivation --donde la Fiscalía ha pedido seis años de cárcel para el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo--, Operador Aéreo Andalus --donde ha solicitado dos años y medio de prisión para el exconsejero de Cultura José María Martín Delgado--, Lolita Canalla y la diseñadora Juana Martín.
En el caso de Lolita Canalla, la Fiscalía relata que la empresa se constituyó con un capital social de 3.006 euros el 12 de julio de 2005 en Tarifa (Cádiz), siendo su objeto social el diseño, confección y venta de textil y complementos, de forma que en febrero de 2006 tenía un capital social de 55.000,80 euros.
SITUACIÓN ECONÓMICA "DELICADA"
Según expone, Lolita Canalla tenía a la fecha de los hechos préstamos con entidades financieras por valor total de 1.194.000 euros "y se encontraba en una situación financiera y económica delicada que le hizo acudir a diversas vías de financiación", disminuyendo "progresivamente tanto su valor como sus ventas" hasta el punto de que en 2008 liquidó por concepto de IVA 47.016,07 euros.
Además, la sociedad depositó cuentas de 2009 "fuera de plazo" y "se encontraba en causa legal de disolución a la fecha de solicitar el préstamo y de iniciar los contactos" con Invercaria, dice la Fiscalía, que agrega que, para acceder al entorno de esta sociedad, "fue decisiva la relación de amistad y vecindad" que mantenía Ignacio Jarillo con Pérez-Sauquillo.
De esta forma, y antes de febrero de 2009, Ignacio Jarillo solicitó una reunión con el expresidente de Invercaria, "cita solicitada y atendida gracias a la relación antedicha", en la cual el primero "le expuso los problemas" a Pérez-Sauquillo "y le solicitó financiación a través de Invercaria".
Según indica, a dicha reunión "fue citado sobre la marcha" Cristóbal Cantos, "cuya presencia fue requerida de inmediato por el acusado a fin de presentarles el proyecto" y que era director del departamento de Promoción, departamento "por el que debía de iniciarse la puesta en marcha del procedimiento de análisis de Invercaria que establece el Plan Director".
Así, el 5 de febrero de 2009 Cantos acudió en compañía de una empleada de Invercaria a las instalaciones de la empresa en Tarifa, donde fueron recibidos por María Malo e Ignacio Jarillo, tras lo que el 12 de mayo de 2009 se produjo una nueva reunión en las instalaciones de Invercaria en la que estuvieron presentes Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, que era directora gerente de la empresa pública, además de Cristóbal Cantos y los representantes de Lolita Canalla.
La Fiscalía asegura que, en esta última reunión, "quedó patente las necesidades de efectivo de la empresa, además de que la situación de la crisis económica estaba agravando su relación con los proveedores", y se entregó un Plan de Negocios aportado por Ignacio Jarillo que, "si bien contenía un documento tipo Power Point con diversas fotografías y presentación de la empresa, no contenía análisis financieros como tal, ni plan de negocios".
El 18 de mayo, "y como quiera que Invercaria no ponía en marcha el proyecto y en consecuencia no otorgaba financiación", María Malo, "acuciada por la situación", telefoneó a Cristóbal Cantos y, "ante el escaso avance de la petición de inversión, le pidió asesoramiento para otras vías de inversión pública".
"Cantos nunca realizó análisis del proyecto de Lolita Canalla, ni siquiera consideró como apto para una inversión en el mismo, de acuerdo con la tipología de entidades a los que iba dirigida la ayuda pública", remarca el Ministerio Público, que añade que Pérez-Sauquillo "reclamó el proyecto para sí" y "decidió otorgar un préstamo" a la mercantil.
"PURA LIBERALIDAD Y ARBITRIO" DE PÉREZ-SAUQUILLO
Para la concesión de este préstamo, según la Fiscalía, "tan solo se contaba con el llamado Plan de Negocios e Innovación por la mercantil y un informe de riesgo por parte de una tercera empresa llamada On Line Axesor" en el que se realiza un análisis de riesgo de inversión y que califica a la sociedad "en riesgo moderado por la probabilidad de impago, con la recomendación de concesión de crédito de 7.200 euros".
El Ministerio Público asevera que "no se ha realizado ni propuesta de inversión y ni un solo informe positivo" por parte de Invercaria, por lo que la inversión se debe "a la pura liberalidad y arbitrio" de Pérez-Sauquillo, quien "actuando aún dentro de sus facultades, faltó de modo patente al procedimiento" descrito en el Plan Director "y sin que fuera un proyecto escalable, tal y como se denominaba en la entidad a los proyectos propios de capital riesgo".
Además, "tampoco fue aprobado o informado siquiera por los departamentos de Invercaria, como el comité de dirección e inversiones", dice la Fiscalía, que agrega que el préstamo que Pérez-Sauquillo "decidió dar" a Lolita Canalla "no era participativo, modalidad usual con la que Invercaria invertía en terceras sociedades", tenía una duración de cinco años y vencía el 29 de julio de 2014.
Finalmente, el préstamo que el expresidente de Invercaria concedió a esta empresa fue de 100.000 euros, "sin que hasta la fecha se haya pagado cantidad alguna resultante del mismo", señalando que, "ante el impago" por parte de Lolita Canalla "en todas sus cuotas", Invercaria instó la reclamación del capital e intereses ante los juzgados de Algeciras.
Para concluir, el fiscal asevera que, a la fecha de concesión del préstamo por parte del expresidente de Invercaria, la mercantil "estaba en causa de disolución".
