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San Fernando

"Más de un cuarto de siglo de corrupción en la Junta de Andalucía"

"Si por algún motivo tiene que venir a este Palacio de Justicia, puede que caiga en una red Mafiosa y cometan con usted las mismas injusticias que conmigo".

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Lo dice abiertamente en la puerta de la Audiencia Provincial de Cádiz, en la puerta de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. Ha ido a la casa de un juez a llevarle los papeles en los que él entiende que existe falsedad por parte del juez. Y ha ido a Cádiz con caballos y caballistas para llamar la atención de los medios de comunicación que ya no saben qué publicar.

En sus escritos distribuidos a los ciudadanos que pasan por donde se coloca para protestar por la falta de resolución se puede leer "¡Ojo Peligro! Si por algún motivo tiene que venir a este Palacio de Justicia, puede que caiga en una red Mafiosa y cometan con usted las mismas injusticias que en mi caso continúan cometiendo después de 25 años de lucha e indefensión. Pues tanto la Fiscalía como la Audiencia Provincial Sección 4º para proteger a las autoridades corruptas. No quiere corregir sus falsificaciones". Y lo firma con su nombre y apellidos y DNI.

Es un hombre que no tiene reparo en repartir folios tamaño A4 el nombre de las autoridades responsables. A saber y por la parte de la Audiencia Provincial y actualmente presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo Jesús del Río Fernández.

Por parte de la Audiencia Provincial Sección 4º, acusa a la presidenta, María Isabel Domínguez Alvarez y al ex presidente Manuel Zambrano Ballester. Y por la Fiscalía acusa a la fiscal jefe, Ángeles Ayuso Castillo y los fiscales Lorenzo Sacaluga Rabello y Juan Bosco Anet Rodríguez.

¿Cuál es el motivo de su protesta? Según él, "no se quieren corregir los errores del Auto 321/16 porque son falsificaciones iniciadas por Manuel Zambrano Ballester, magistrado que fue miembro del Consejo del Poder Judicial y presidente de la Sección 4º".

Quien dice todo eso es bien conocido por los responsables de la Junta y de Justicia, pero a pesar de que todo lo que se dice en este artículo se puede leer en los carteles, Adolfo Bosch Lería campa a sus anchas sin que nadie le pida ni el carnet de identidad para denunciarlo por calumnias y por todo lo que quieran. Por eso se pregunta por qué la Justicia no quiere abordar el caso que desembocaría en un juicio.

Pues no. Ahí está. Protestando. Erre que erre y pidiendo que se revise su caso. Y si al menos lo detuvieran por todo lo que está diciendo en modo de acusaciones sangrantes y contundentes, tendría la oportunidad de defenderse al menos de lo que lleva defendiéndose 26 años, cuando entraron en su casa y se llevaron objetos rescatados del mar como buzo que era.

El 24 de septiembre de 1991 la Guardia Civil llamó a la puerta de la madre de Adolfo Bosch Lería, un conocido buzo isleño que coleccionaba piezas arqueológicas. Unas sacadas por él mismo del fondo del mar; otras compradas a otros coleccionistas. Algunas de su bisabuelo...

Registrada la vivienda que constaba en la orden judicial sin encontrar nada, ordenaron a un hermano de Adolfo Bosch abrir un almacén aledaño, para el que no había orden judicial de registro, según afirma Adolfo, donde encontraron las piezas de su colección. Una colección de la que todo el mundo sabía por su contacto con arqueólogos y museos e incluso por su ofrecimiento de crear un museo con ellas a cambio de un puesto de trabajo. Sólo eso por un tesoro.

Ahí comenzó la odisea de Adolfo Bosch Lería, conocido popularmente como Fofi, en un tira y afloja con la Delegación Provincial de Cultura, de juicio en juicio, con las piezas en su poder en calidad de depositario y luego sin las piezas, que la Guardia Civil tuvo que sacar después por encima del muro porque se negó a abrir la puerta sin orden judicial, para llevarlas a Cádiz y algunas de ellas al Museo Naval de San Fernando

Adolfo Bosch Leira, Fofi, mantuvo su lucha para que después de 24 años le enseñaran el expediente por el que en 1991 la Consejería de Cultura le requisó más de mil piezas arqueológicos que sacó del fondo del mar y que, además, le costó que le impusieran una sanción de 17,5 millones de pesetas.

Al no hacer frente al pago de dicha sanción pecunaria, la cuantía fue creciendo y superó los 180.000 euros, lo que ha provocó que hasta en un par de ocasiones saliese a subasta su vivienda para saldar la deuda. Este escollo lo ha salvado gracias a las aportaciones económicas que ha recibido de familiares y amigos y que "gracias a Dios la casa ahora mismo está ya a salvo, pero yo tengo que devolver ese dinero sin tener recursos".

Tiene abierto otro frente judicial contra él en el Juzgado número 3 de Cádiz por un presunto delito de injurias y calumnias. Fue archivada "por la cara".

Bosch Leira mantiene que "se han cometido numerosas irregularidades" en las causas abiertas contra él y que todas ha perdido. "Soy capaz de encontrar hasta un millar de errores entre todos los procedimientos y, en primer lugar, que nunca me he podido defender como cualquier ciudadano de este país se merece, puesto que nunca me han enseñado el expediente completo de mi caso y, en especial, parte del inventario, sobre todo los apartados dos y tres".

El expediente, por cierto, se lo entregaron, pero lo ha depositado ante un notario sin abrir, para que no lo acusen de falsificarlo él. Quiere que sea la Justicia, la que dice que no encuentra, la única que toque los papeles, los revise y los corrija. Pero nada.

Aldolfo Bosch Lería seguirá pidiendo justicia. "Están esperando a que me aburra o a que ya no tenga fuerzas para seguir. O que prescriba. O a que me muera".

Pues lo tienen claro. Esta como un roble.

 

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