Ha pasado un década pero la pesadilla para muchos extrabajadores de Delphi sigue sin desaparecer. Así, el primer juicio por la recepción supuestamente irregular de ayudas de los ex de Delphi comenzará el próximo lunes 17 de julio y en él se tratará de determinar si el dinero que cobró el colectivo mientras recibían cursos de formación fue legal o no.
El juicio aborda una demanda sobre el funcionamiento de la Fueca, una de las entidades que prestó aquellos cursos de formación, y puede terminar obligando a devolver a cada operario un montante de hasta 20.000 euros.
Francisco Senra, portavoz del colectivo de extrabajadores de Delphi, señaló al respecto que “cuando nos llamaron firmamos un contrato y en el mismo venía el membrete de la Junta de Andalucía. No somos abogados, ni somos gestores. A mí me ponen un contrato y lo firmo. Luego voy al centro de trabajo y el director de ese centro de trabajo me dice siéntate en esa mesa y mira para la pared… y como trabajador y que soy ajeno a si eso es legal o no, y con un contrato firmado en el cual viene un membrete de la Junta, pues hago lo que me dice el director… o sea, sentarme en una silla y mirar a la pared”.
“Cuando terminaron los cursos fue cuando comenzó la problemática… fue cuando nos dimos cuenta que otra vez nos han vuelto a engañar”, lamentó para sentenciar que “somos los traicionados, somos los engañados, mientras los verdaderos culpables están sentados en sus casas y sentados en el Parlamento de la Junta de Andalucía”.
El origen de la denuncia parte cuando la Inspección de Trabajo reclamó en 2013 la devolución de algunas de las cantidades que el colectivo de extrabajadores de Delphi había recibido en concepto de prestación por desempleo entre 2009 y 2012.
La inspección determinaba que aquella formación remunerada era ilegal, lo que llevó al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a exigir la devolución de esas ayudas y la parte de lo cotizado a la Seguridad Social durante esos cuatro años.
Otro ex de Delphi, Francisco Carretero, insiste en que “mientras que judicialmente las ayudas a los cursos se han declarado legales y los que las recibieron iban a los juzgados en ‘ferraris’ pero a los trabajadores se nos pide que ahora devolvamos las ayudas recibidas para el sostenimiento de nuestras familias”.
Empleo con la APBC
Sobre la posibilidad de que tras la futura compra por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz de los terrenos donde se ubicaba Delphi, el colectivo de extrabajadores entre a trabajar... Francisco Senra lo tiene claro: “Nosotros lo que queremos es trabajar y ojalá tuviésemos una oportunidad, pero desde nuestro punto de vista vemos otro ‘tocomocho’ de la Junta de Andalucía…. ¿de quién son los terrenos? De la Junta… ¿quién los compra? La Junta de Andalucía… el señor presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, José Luis Blanco, es afín a Susana Díaz, y ya él ha publicado que al ser un terreno público y es para empleo público, por lo tanto que nos olvidemos de poder trabajar ahí”.
Añade que "pero si con nosotros firmaron un protocolo que era de estricto cumplimiento y en el que nos decían que nos iban a dar trabajo, por qué no podemos trabajar ahí…El régimen de Susana Díaz nos tiene en su punto de mira, y para ellos lo idóneo es que nos fuéramos muriendo y es algo que ya está ocurriendo, son muchos compañeros los que ya no están".
El colectivo recibió ayer el apoyo del diputado andaluz de Podemos, Jesús Rodríguez, quien instó a la Junta a solucionar ya este problema. "Que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz pueda hacerse con los terrenos de Delphi puede ser una herramienta poderosísima para el empleo y para cumplir los compromisos de los afectados, pero lo que se vuelve a destilar es odio y revanchismo al más puro estilo ‘cortijero’ con el que se ha gestionado el conflicto de Delphi en los últimos años", señaló para añadir que "hay una oportunidad nueva y espero que se deje al lado ese revanchismo y nos pongamos todos de acuerdo para darle una salida digna después de tantos años al conflicto".
"Está en manos de la Junta de Andalucía y también del Gobierno Central, pero ese estilo de revanchismo que se ha destilado en algunas declaraciones públicas no tiene cabida entre los que tienen responsabilidades públicas", concluyó.
