El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido mantener en prisión incondicional, comunicada y sin fianza al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ante el "evidente" riesgo de fuga y la necesidad de seguir manteniendo el secreto de las actuaciones y evitar, por tanto, cualquier acción de ocultación, alteración o destrucción de pruebas.
En un auto notificado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 rechaza, por tanto, la petición de la defensa de González, en la cárcel desde el pasado 21 de abril, que había solicitado su puesta en libertad alegando que sufre un grave deterioro físico y psíquico desde que está en prisión preventiva.
El magistrado explica que, conforme avanza la investigación, se desprende que el expresidente madrileño ha podido tener "un papel decisivo y necesario" en los delitos que se investigan en el 'caso Lezo', que son malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales.
CRISTALIZACIÓN PROGRESIVA DE LOS INDICIOS DE CRIMINALIDAD
Las penas que conllevan estos delitos, indica García Castellón, ya justificarían el mantenimiento de la prisión incondicional para González, pero además añade que no han variado las circunstancias que en su día motivaron esta medida, sino todo lo contrario.
"Asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa", explica.
Otro de los motivos que alega el juez es el riesgo de fuga: "Una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción, unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones), patentiza el riesgo de fuga".
En cuanto al acceso a las fuentes de prueba, García Castellón afirma que las diligencias que se están practicando en el juzgado requieren que las actuaciones estén secretas "para evitar coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas".
IMPORTANTE RIESGO DE ACCESO A LAS PRUEBAS
Por ello, el magistrado concluye que se mantienen todos los elementos que llevaron a adoptar la prisión de Ignacio González y que las nuevas pruebas recabadas desde que comenzó la investigación "patentizan la existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros decomisos del producto del delito".
