La comisión de investigación municipal por el caso ruidos de los chiringuitos de Los Álamos se ha quedado sin poder incorporar al expediente las aportaciones que pudiera realizar el exjefe de la Policía Local de Torremolinos para esclarecer la presunta falta de actuación municipal entre los años 2010 a 2014 contra estos locales –período correspondiente al anterior equipo de gobierno del PP-. El antiguo responsable de este cuerpo policial se ha acogido a su derecho a no declarar ante esta comisión, entre otros motivos y fundamentalmente al tratarse de un caso que “ya está judicializado” y sobre el que ya se tramitan unas diligencias previas “en las cuales ni tan siquiera he sido citado como testigo”, ha señalado el exresponsable de este cuerpo policial.
Comisión exprés
La comisión se ha reunido hoy con carácter extraordinario y urgente, tras el señalamiento por parte del propio exjefe de la Policía Local de la fecha del 7 de septiembre como la única en la que podría comparecer ante ese órgano. En un escrito de fecha 5 de septiembre en respuesta a otro del día anterior de la presidencia de la comisión que le facilitó la elección de fecha para la toma de declaración, el exresponsable policial ya había anticipado que comparecería ante la misma pero se acogería a su derecho a no declarar por las razones ya expuestas. Así, la comisión ha tenido una duración exprés, de apenas cinco minutos.
La presidenta de la comisión y portavoz del grupo municipal de C´s, Ángeles Vergara, ha lamentado al término de la sesión la “corta comparecencia” del exjefe de la Policía Local al acogerse a su derecho a no declarar. Vergara ha recordado que esta ha sido la cuarta citación de la comisión al exresponsable policial, para la que se le dio libre elección de fecha y dado que en las tres citaciones anteriores excusó su incomparecencia por distintas razones.
La comisión sigue su curso
La presidenta ha querido aclarar que la participación del es jefe de la Policía en la comisión “no se produce en calidad de imputado”. “Esto no es un juicio ni esto un juzgado, y este caso está ya en los juzgados”, ha recalcado, tras los que ha añadido que la pretensión de la comisión investigadora es “recabar la ayuda de la Policía Local, y en este caso del exjefe de la Policía Local, para esclarecer porqué el conflicto por ruidos en Los Álamos aún está trayendo cola”. Vergara ha anticipado que la no declaración del exjefe de la Policía Local “no bloquea la comisión, que de hecho sigue su curso y formulará más convocatorias a funcionarios”.
La portavoz del PSOE en la comisión, Maribel Tocón, también ha lamentado la falta de colaboración para con la comisión del antiguo responsable de la Policía Local en los años 2010 a 2014 que están siendo investigados en los juzgados de Torremolinos. “No ha querido contestar a nuestras preguntas, ni siquiera nos ha dado oportunidad de poder planteárselas, así que no hemos podido conocer de primera mano el procedimiento que se seguía para responder a las denuncias ciudadanas en relación a las molestias de los chiringuitos”, ha reprochado. “Hasta ahora todos los policías convocados por la presidencia han acudido y respondido muy amablemente a las preguntas. Excepto la salvedad de hoy”, ha llamado la atención.
Para Rafael Herrero, de CSSP, la negativa del exjefe de la Policía Local a declarar también le ha resultado decepcionante. “Deseábamos que nos pudiera aclarar un poco el caso, sin su contribución tendremos que basarnos en los testimonios de todos los policías locales que han pasado por esta comisión, que han sido muchos, y a los que agradecemos su colaboración”.
Herrero ha confirmado que los miembros de la comisión de investigación evalúan pedir “más comparecencias para añadir más información”, y en este sentido ha señalado a la participación del SEPRONA –sección de la Guardia Civil que abrió las investigaciones- y de distinto personal municipal que intervino en la tramitación de los expediente como las aportaciones que creen pueden resultar de interés incorporar al informe. ”Primero porque creemos que si se está investigando en un juzgado y tiene diligencias abiertas es porque algo ocurre; y segundo porque los chiringuitos son un activo muy importante de nuestra economía y no pueden seguir en un limbo constante con el perjuicio a los trabajadores y para la economía local”.
Por su lado la viceportavoz del grupo municipal del PP y miembro de la comisión, Maria José Velasco, ha asegurado que “hemos asistido a otra comisión de investigación vacía de contenido y que no llega a ninguna parte”. “Más aún cuando es un tema investigado por los órganos judiciales, que son los competentes para hacer este tipo de investigación y para dictar sentencia”, ha recalcado.
Diligencias judiciales a instancias de la Fiscalía
La comisión trata de dilucidar las posibles responsabilidades políticas y administrativas en que hubieran podido incurrir responsables públicos y policías locales en los años 2010 a 2014, tras la admisión a trámite y la apertura de diligencias previas por el juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos contra el Ayuntamiento -a instancias de la Fiscalía Provincial de Málaga y en septiembre de 2015-, a partir de distintas denuncias ciudadanas y el propio Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil por el ejercicio de actividades en esos chiringuitos de copas no amparadas por las licencias administrativas concedidas como restaurante o kiosco de playa.
El juzgado trata de dilucidar los motivos por los que el Consistorio no incoó expedientes sancionadores a distintos locales de Los Álamos a pesar de las numerosas denuncias por ruidos y existir informes de mediciones acústicas en las que se superaban el nivel legalmente autorizado. El órgano judicial solicita además el motivo por el que no se ha efectuado ninguna actividad de seguimiento de los expedientes archivados, “a pesar de las constantes denuncias recibidas” y que aclare la razón por la que ”no se ha abierto expediente alguno por ejercer en los establecimientos denunciados actividades no contempladas en el pliego de cláusulas de adjudicación”.
El requerimiento judicial al Ayuntamiento data del 24 de febrero de 2016. El pleno municipal acordó cuatro meses después (el 30 de junio) crear esta comisión de investigación y esclarecer, en paralelo, las posibles responsabilidades políticas y administrativas en las que supuestamente hubiesen podido incurrir políticos y funcionarios por su inacción, y que la Fiscalía Provincial apunta podrían ser constitutivas de un “delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal del que responderían en concepto de autor los responsables municipales que resulten de las diligencias que se interesen”.
