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Jueves 30/05/2024  
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Marbella

Carlos Fernández rechaza ser extraditado tras once años prófugo

El exedil Carlos Fernández procesado por el caso Malaya, y recientemente detenido en Argentina, rechaza se extraditado a España para ser juzgado.

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  • Fernández, su mujer y amigos -

El exedil Carlos Fernández procesado por el caso Malaya, y recientemente detenido en Argentina, rechaza se extraditado a España para ser juzgado.

Durante su declaración ante el juez del Juzgado Federal número dos de San Juan, los motivos que argumentado para no abandonar el país se debe al arraigo profundo con la nueva vida que ha formado en torno a su pareja y sus dos hijos en Rivadavia (Argentina), donde fue detenido tras entregarse voluntariamente para acelerar la prescripción de los delitos por los que se juzga en España.

Carecía de documentación, y las veces que se la solicitaron siempre argumentó problemas de índole administrativo para no presentarlos.

Estando de peregrino, haciendo el Camino de Santiago y desaparecer de España, aún sin orden de búsqueda y captura, el ex concejal permaneció dos años en la ciudad de Mendoza hasta que en 2008 se desplazó a Rivadavia, un departamento  de San Juan. En esta localidad  fue donde conoció a su actual pareja, una periodista y ex modelo, que sólo un año después de estar con él se convertiría en la madre de sus dos hijos, de 9 y 6 años.

La Policía argentina  insiste que se ha tratado de una detención gracias a la investigación que han venido realizando,  el detenido asegura que se entregó voluntariamente para forzar una declaración de caducidad de los delitos  por los que se le acusa en territorio 
Esta estrategia de Fernández de evitar ser extraditado y continuar con su vida, sólo podrá cumplirse si el Juzgado número 5 de Marbella que instruye su caso determina que los delitos por los que está acusado han prescrito.
Esta claro que,  su abogadoy él,  han medido muy bien los tiempos antes de entregarse, ya que los delitos  por los que fue procesado en 2006 por el caso Malaya prescriben a los 10 años. Según el código penal que estaba en vigor en el momento que se juzgaban dicho caso.

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