La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado el procesamiento el exdelegado de Empleo en Huelva Eduardo Muñoz y otros seis cargos del mismo departamento por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco de la causa de los cursos de formación.
Junto a Muñoz están investigados en la causa el secretario general de Empleo, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación para el Empleo, José Ángel Gil Flores; el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, Manuel María Velázquez Cabrera, además de dos técnicos de la Comisión de Valoración y la persona responsable de justificar las subvenciones.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado a Efe que la Audiencia ha desestimado los recursos presentados por los procesados y confirmado el auto del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva que ordenaba la continuación de la causa por procedimiento abreviado y emplazaba a las acusaciones a presentar sus escritos y con ello solicitar la apertura de juicio oral o por contra el sobreseimiento de la causa.
De hecho, según las fuentes, la Junta de Andalucía ya ha presentado escrito pidiendo el sobreseimiento de la causa y se está a la espera de que la Fiscalía o bien presente uno en el mismo sentido o de acusación.
En el auto confirmado el juez exponía que "tras la instrucción, se considera que existen suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas".
Entendía el juez que había quedado constatado a lo largo de la instrucción que el máximo responsable era el jefe de Servicios de Formación para el Empleo y precisaba que "todo el proceso de selección y baremación de entidades beneficiarias se ha realizado de manera arbitraria por su parte, y bajo sus instrucciones, con la anuencia y colaboración del Director Provincial, se constituyó el órgano colegiado dedicado a la valoración, en la que sus miembros eran meros convidados de piedra".
Con respecto al exdelegado de Empleo indicaba que "era conocedor de que el procedimiento de selección y baremación de entidades beneficiarias no se ha realizado acorde a la legalidad, y que conocía o podía conocer que se estaban asignando fondos públicos a entidades que no cumplían con los requisitos legalmente establecidos; manteniendo una estructura desigual, principalmente en cuanto a la justificación de las subvenciones, que favorecía la absoluta falta de control del dinero entregado".
