La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas ha dado luz verde hoy al informe que sentará las bases de la futura ley del alcohol y que propone numerosas medidas educativas, sociales y sanitarias, pactadas por todos los grupos, para acabar con el botellón y los comas etílicos en menores.
Ahora, la Comisión enviará el informe, en el que han estado trabajando senadores y diputados durante un año, al Ministerio de Sanidad para que en un futuro "muy próximo", según ha dicho su presidenta, Carmen Quintanilla, se presente en sede parlamentaria un proyecto de ley sobre esta materia.
Un proyecto que se espera tenga en cuenta el consenso de las Cortes sobre el asunto y que se ha reflejado esta mañana en una "foto de familia" al final de la comisión.
El informe ha sido avalado por todos los grupos, aunque finalmente se han abstenido ER y PNV.
"Cero alcohol en menores. Ha llegado la protección de los menores contra el alcohol", ha subrayado Quintanilla, quien ha dicho que no se pueden seguir produciendo 6.000 comas etílicos en las vidas de los menores, ni tampoco que todos los fines de semana siete de cada diez menores salgan a la vía publica a consumir alcohol.
Ese "cero alcohol" se quiere llevar a la carretera y así, tal y como avanzó Efe el pasado mes de marzo, una de las medidas por las que se aboga es por establecer una tasa de alcohol cero, no de 0,25 miligramos, en conductores menores de edad que llevan ciclomotores y motos.
El "cero alcohol" en menores también se quiere trasladar al etiquetado de las bebidas alcohólicas.
Otra de las medidas destacadas es que "en ningún caso" en las web se pueda publicitar alcohol y que tampoco los personajes públicos puedan anunciarlo.
Pero hay una medida estrella en el ámbito sanitario, el protocolo sanitario de coordinación de asistencia sanitaria para los menores que ingresen por haber abusado del alcohol: que quede registrado en su historia clínica y que se intercambie la información entre las distintas administraciones para ver si ese comportamiento se repite.
Los parlamentarios creen que así se podría detectar de forma temprana un posible trastorno adictivo y, en su caso, facilitar que el menor pueda recibir una intervención puntual en atención primaria o en psiquiatría infantil y juvenil.
Otra de las medidas es que parte de los impuestos al alcohol se destine a la prevención y a las causas y consecuencias sanitarias del consumo en menores.
Quintanilla ha asegurado que toda la industria que rodea al alcohol apoya el informe "porque estamos hablando de la salud de las menores y de una demanda de los padres y de la comunidad educativa".
El informe también incide en que las administraciones mejoren el control sobre los puntos de venta de alcohol, limiten el horario en el que poder comprarlo y suban las sanciones para que los que vendan a menores.
Regular mejor las sanciones relacionadas con el consumo en la calle y ofrecer la posibilidad, tanto a padres como a menores, de poder reemplazarlas por acciones en beneficio de la comunidad u otras reeducativas o rehabilitadoras son otras de las propuestas.
Tania Sánchez, de Podemos, ha pedido que toda la carga punitiva no caiga sobre los padres porque lo que se deberían fomentar son medidas de conciliación familiar para abordar los problemas.
Todos los grupos se han felicitado por el "gran acuerdo histórico" del informe, en el que se ha abstenido Anna Azamar, de ER, porque, en su opinión, la futura ley no debería tener consideración de carácter básico y "no puede dejar a las comunidades sin capacidad" de legislar.
También Nerea Ahedo, del PNV, quien piensa que hay que dar con la fórmula para que se respete "escrupulosamente" el modelo competencial y no comparte que la ley se centre solo en los menores.
Al informe se han incorporado hoy votos particulares presentados por Ciudadanos y PSOE.
El del PSOE, según Aurora Flórez, para incidir en la necesidad de tomar medidas urgentes y que exista financiación suficiente para implantar estas medidas, con independencia de lo que se destine con parte de los impuestos especiales al alcohol.
Sandra Juliá, de Ciudadanos, ha propuesto que las administraciones estudien la necesidad de disponer "de una licencia específica para la venta al por menor y para la dispensación de bebidas alcohólicas no destinadas a su consumo inmediato".
Y que sea obligatorio para los supermercados y tiendas de proximidad tener "lineales separados y controlados" para las bebidas alcohólicas para controlar mejor la edad de los compradores.
