Después de que el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, que indaga presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, haya ofrecido al Ayuntamiento hispalense ejercer acciones judiciales como perjudicado, el portavoz municipal de Ciudadanos, Javier Millán, ha reclamado al Gobierno local del socialista Juan Espadas que acepte tal extremo para que el Consistorio ejerza la acusación particular en este caso.
Mientras el juzgado ha ofrecido tal aspecto al Ayuntamiento al incluir la investigación supuestas infracciones e incumplimientos de las ordenanzas y directrices municipales que pesan sobre la actividad de los taxis, Javier Millán ha expuesto este miércoles, en rueda de prensa, que pesan "argumentos abrumadores" para aceptar esta "invitación" y que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en las citadas diligencias judiciales.
En ese sentido, ha insistido en la idea de que el "cortijo" promovido para "monopolizar de facto" la parada de taxis del aeropuerto, a través de métodos "coactivos y hasta mafiosos", constituye un "perjuicio" para los intereses generales, del propio Ayuntamiento y de su empresa municipal de transportes.
Así, mientras el Gobierno local defiende que está a la espera de un informe de sus servicios jurídicos para decidir la personación o no del Ayuntamiento en la causa, bajo la premisa de que ya media "una acusación pública" que ejerce la Fiscalía, Millán ha reclamado al Gabinete local del socialista Juan Espadas que "ponga fin a la política de vista gorda" en este asunto y promueva "sin demora" la personación del Consistorio en esta investigación, como acusación particular.
En concreto, Ciudadanos ha elevado a la Alcaldía un escrito recogido por Europa Press, recordando que en las diligencias judiciales figuran como investigados no sólo los miembros de la "cúpula" de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, sino además la propia asociación como persona jurídica, por un presunto "monopolio" de la parada de taxis del aeropuerto que iría "contra las instituciones municipales y empresas públicas de transporte".
Por ello, Cs reclama la personación del Ayuntamiento en la causa como acusación particular "en defensa del interés general" y para "reclamar en su caso la reparación de los perjuicios causados a la ciudad y al servicio público de taxi por los investigados y la asociación Solidaridad Hispalense".
Recordemos al respecto que fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.
LA SITUACIÓN DE SOLIDARIDAD HISPALENSE
En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales responsables de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, con sede precisamente en el aeropuerto de Sevilla y cuyas instalaciones fueron objeto de un registro policial allá por junio de 2017. Recientemente, además, la juez instructora ha ampliado la investigación a la asociación Solidaridad Hispalense como persona jurídica.
Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad.
De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración" en la parada de taxis del aeropuerto.
Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación".
Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según los atestados policiales, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam", entre otros aspectos.
SOLIDARIDAD SE DEFIENDE
La defensa de los dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi investigados en esta causa, de su lado, ve "novelescos" estos atestados policiales al considerar que se basan en meras "elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio".
La Policía Nacional señala además en sus atestados una supuesta relación de "amistad" entre el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi e investigado en la causa judicial, Enrique Filgueras, y el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, a cuenta de las fotografías que reflejan que el edil ofició la boda civil de Filgueras y además asistió al banquete.
No obstante, Cabrera ha negado tal extremo, defendiendo que su "responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas".
