El juicio contra 45 acusados, 37 de ellos policías locales, de amañar las oposiciones para el Cuerpo celebradas en Sevilla en 2011 y 2012 se retoma este martes con las declaraciones de los procesados, comenzando por el superintendente Juan José García y cinco agentes enjuiciados.
Tras la exposición de las cuestiones previas por las partes, y después de que el titular del Juzgado de lo Penal 10 de Sevilla, David Candilejo, rechazara anular el proceso y anunciase que resolverá la mayoría de estas cuestiones en sentencia, el juicio se retoma este martes con el inicio de los interrogatorios a los acusados
Para mañana está señalada la declaración de seis de los 45 enjuiciados, siendo el primero de ellos el superintendente de la Policía Local Juan José García, que presidía el tribunal de las oposiciones y para el que la Fiscalía solicita 13 años de inhabilitación y multa de 5.400 euros, la misma pena reclamada para el resto de miembros del tribunal y para un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, acusados todos ellos de un delito continuado de prevaricación y revelación de secretos.
Para los agentes que superaron los exámenes gracias a la supuesta filtración de los exámenes, el Ministerio Público pide cuatro años de inhabilitación y 100.000 euros de multa, así como la declaración de las pruebas como nulas de pleno derecho y que el Ayuntamiento de Sevilla sea declarado responsable civil subsidiario.
Precisamente, el consistorio está personado a la vez como acusación particular, al igual que varios opositores que no aprobaron el examen y han denunciado el amaño.
Durante la exposición de las cuestiones previas, la fiscal Ana Linares y los abogados de las defensas han protagonizado rifirrafes a cuenta de la presentación de un informe con fotos personales de la fiscal extraídas de las redes sociales encargado por uno de los letrados para tratar de vincular a la fiscal con algunos de los demandantes.
La representantes del Ministerio Público se ha caracterizado por sus citas literarias y metáforas tales como que la investigación se inició porque "el melón olía mal" o que la red que presuntamente amañó las pruebas funcionaba como "la camorra napolitana".
Por su parte, las defensas de los agentes han criticado la investigación "prospectiva" para cobrarse como "pieza de caza" al superintendente y han atacado duramente al grupo de asuntos internos Gepol que realizó dicha investigación, al insistir en que actuó como Policía Judicial sin ser competente para ello y cuestionando la cadena de custodia de las pruebas o del vaciado de los ordenadores.
