La Guardia Civil ha comunicado al titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que el grueso de la factura de los observadores del referéndum ilegal del 1 de octubre lo pagó la Consejería de Exteriores, dependiente de Raül Romeva, con "fondos públicos". En concreto, precisan, que pagó el 85 por ciento, que asciende a 261.082,66 euros, IVA incluido.
Así se recoge en un oficio del instituto armado al que ha tenido acceso Europa Press, en el que adelantan al juez la conclusión del informe que entregarán con el análisis de los últimos datos aportados por la Interventora de la Generalitat de Cataluña.
Esta es la conclusión a la que llegan los investigadores después de haber solicitado en numerosas ocasiones a la interventora que les remitiera todas las facturas referidas a tres partidas destinadas a los observadores internacionales y cuyos datos no cuadraban y que, finalmente, ésta entregó el pasado 8 de octubre.
La Guardia Civil reclamaba también una explicación de por qué la partida presupuestaria en la que figuran cargados estos gastos en el Diplocat tiene la misma numeración que otra partida presupuestaria en la Secretaría General de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.
EL TOTAL ASCENDIÓ A 305.789 EUROS
Se trataba del dinero destinado a estos tres conceptos: Análisis del contexto político de Cataluña (relación con Helena Catt), 206.371,49 euros; Trabajo de expertos Europa, por 34.763,43 euros y Programa de visitantes internacionales 2017, por 64.654,09 euros. La suma total asciende a 305.789,01 euros.
Según la explicación de la Interventora, el significado de la codificación de la partida es que se refiere a un gasto para Organización de reuniones, conferencias y cursos siempre que los destinatarios no pertenezcan a la administración de la Generalitat y también las aportaciones que haga la Generalitat a cursos, congresos, seminarios. En ellos se pueden incluir los gastos de alojamiento, comidas de los asistentes, gastos de transporte, alquiler de salas y otros.
La otra parte de la numeración de la partida se refiere a que los gastos son de Relaciones Exteriores para financiar actividades dirigidas a posicionar los intereses de Cataluña en el mundo, reforzando las relaciones con otros gobiernos, organismos multilaterales y redes de cooperación. El objetivo, señala la respuesta de la Interventora, es contribuir a garantizar la existencia de una política exterior propia de Cataluña.
Entre la última documentación que aporta la Interventora están las facturas de los gastos originados por los observadores y también figuran los contratos que se firmaron 13 de estos dirigidos por Helena Catt con el Diplocat, por cuya parte firmaba el secretario general Albert Royo Mariné.
Estos contratos lo eran bajo el epígrafe de "contexto político de Cataluña" y diferían las cantidades entre los 24.500 euros que cobró uno de ellos, con los 12.025 que recibieron varios o los 8.775 que cobró la propia Helena Catt. La mayor parte de los contratos establecían una remuneración a través de varios pagos.
La misión acabó con un informe en inglés de 49 fólios en el que se analizaba el referéndum ilegal del 1-O y concluía que no se cumplieron los estándares internacionales y que hubo muchísimas irregularidades por lo que cuestionan el resultado del mismo.
Pues bien, la Guardia Civil está realizando el informe con todos estos datos, pero le ha adelantado ya al juez en un oficio que esas partidas que suman 305.789 euros "proceden de fondos públicos, concretamente del departamento de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales y Transparencia, en un 85,38 por ciento, lo que supone del total de esas tres actividades, 261.082,66 euros (IVA incluido)".
