Un informe jurídico del abogado general del Estado británico, Geoffrey Cox, confirma hoy la interpretación de que el tratado de la salida británica de la Unión Europea (UE) no obliga a que la futura relación con el bloque comunitario se aplique a Gibraltar.
Antes de dar respaldo al acuerdo del "brexit", el pasado 25 de noviembre, España pidió garantías de que tendrá la última palabra previamente a que se aprueben los términos de una futura relación entre Londres y la UE que afecten al Peñón.
El Gobierno español reclamaba una aclaración al artículo 184 del tratado de salida, que establece las bases para negociar los vínculos entre ambos lados del canal de la Mancha una vez se materialice el "brexit", el próximo 29 de marzo.
A ese respecto, el texto publicado hoy reitera que ese artículo "no impone obligaciones acerca del alcance territorial de la futura relación, y no crea obligación o presunción de que la futura relación tendrá el mismo alcance que el acuerdo de salida".
El artículo 3 de ese tratado, en cambio, establece que los términos de salida que han pactado con Londres los 27 socios comunitarios sí se aplicarán al Peñón.
La interpretación del abogado general del Estado coincide con el punto de vista que expresó el embajador del Reino Unido en la UE, Tim Barrow, antes de la cumbre de líderes comunitarios de finales de noviembre.
El texto del abogado general matiza por su parte que se trata de "una obligación en relación a la conducta de las partes, más que una obligación para lograr un resultado particular".
El análisis de Cox aborda asimismo el protocolo sobre Gibraltar que acompaña al acuerdo de salida, que sienta las bases de la cooperación administrativa en áreas como aduanas, fiscalidad, tabaco y pesca.
El abogado general británico subraya que los términos del protocolo se aplicarán durante el periodo de transición del "brexit", que durará unos dos años y comenzará, si los parlamentos británico y comunitario dan su visto bueno al acuerdo, el 29 de marzo.
No se dejará de aplicar al término de ese periodo, sin embargo, el artículo primero del protocolo, que establece que debe haber una "cooperación cercana" entre el Reino Unido, España y Gibraltar sobre los derechos de los ciudadanos.
El texto indica que todas las partes implicadas deben "cooperar para lograr total transparencia en cuestiones fiscales" y mejorar los mecanismos para combatir el fraude fiscal.
Indica además que el protocolo "requiere que ciertos estándares internacionales en asuntos fiscales sean cumplidos dentro de Gibraltar".
Respecto al tabaco, "requiere que el Reino Unido se asegure de que ciertas convenciones internacionales sobre control de tabaco se extienden a Gibraltar antes del 30 de junio de 2020".
