Unicaja Banco y Liberbank acumulan cerca de 4.500 millones en créditos fiscales que allanan su fusión, ya que pueden emplear parte de ellos para hacer frente a los gastos de reestructuración y alejar una hipotética ampliación de capital.
Las negociaciones de ambas entidades para crear el sexto mayor banco de España, con un volumen de activos próximo a 96.000 millones, avanzan y se mantiene la idea de que la operación podría cerrarse en la primera mitad de 2019.
Ambas entidades, explican a Efe fuentes financieras, coinciden en que la mejor fórmula para su unión es a través de una fusión al uso, sin necesidad de crear un nuevo grupo al que traspasar los activos de Unicaja Banco y Liberbank.
En principio, sin necesidad de recurrir a una ampliación de capital, ya que el grupo resultante podría aprovechar las sinergias que genere y la liberación de capital para hacer frente a los gastos de reestructuración.
Estos gastos provendrían principalmente por la integración informática y los ajustes de plantilla en los servicios centrales, ya que las redes de sucursales son complementarias.
Unicaja Banco se centra en Andalucía y Castilla y León, mientras que Liberbank cuenta con una posición estratégica en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Pero hay otras opciones para evitar una ampliación de capital, desde la venta de la participación del 22 % que ambas entidades suman en la aseguradora Caser y que podría reportarles algo más de 200 millones, hasta la utilización de créditos fiscales o la venta de activos problemáticos.
El grupo de Unicaja Banco y Liberbank nacería con cerca de 4.500 millones en créditos fiscales, según datos de cierre de 2017, ya que la entidad con sede en Málaga contaba con 2.538 millones y la segunda, con unos 1.930 millones.
Esta cantidad es un mero apunte contable que se ha generado con el paso de los años, es decir, un derecho de cobro que Hacienda reconoce y que pretende compensar en el futuro reduciendo los impuestos que cada ejercicio tienen que liquidar las entidades.
En España, a diferencia de buena parte de Europa, las empresas -y en gran medida los bancos- adelantan impuestos al Estado por gastos que no pueden deducirse inmediatamente, una partida que técnicamente se llama activos fiscales diferidos o DTA (por sus siglas en inglés).
El caso más frecuente con el que la banca española ha generado activos fiscales es con las provisiones para cubrir pérdidas futuras de la cartera crediticia, pero también con las prejubilaciones y planes de pensiones de la plantilla en el momento en el que apartan el dinero que tendrán que abonar a sus empleados.
Sin embargo, como no pueden apuntarse estas partidas desde un primer momento como gastos, pagan más impuestos de los que les correspondería y ello les genera un crédito fiscal que, según la legislación española, pueden recuperar en un plazo de hasta 18 años, en función del tipo de DTA.
Así que es muy probable que Unicaja Banco y Liberbank puedan hacer uso de parte de esos DTA para afrontar gastos de reestructuración.
En cuanto a la venta de activos problemáticos -préstamos morosos y adjudicados inmobiliarios-, ambas entidades sumaban a cierre de septiembre cerca de 7.500 millones pese a la reducción en el último año. Unicaja Banco, 3.889 millones y Liberbank, 3.572 millones.
Sólo en préstamos morosos, la primera entidad acumula 2.221 millones y la segunda, 1.436 millones, a los que hay que sumar los 1.668 millones en adjudicados inmobiliarios de Unicaja Banco y los 2.136 millones de este mismo tipo de activos en Liberbank.
