La existencia de hoteles de más de veinte plantas abandonados desde los 70 o la descoordinación que aún existe en la ordenación de las costas y que provoca situaciones de enorme trascendencia para el medioambiente, llevaron a cuatro investigadores - Fátima Navas, Rocío Carrero, Gonzalo Malvárez y Macarena Tejada, del grupo de Áreas Dinámicas Naturales y Antrópicas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla a analizar el efecto que tiene sobre el ecosistema estas construcciones. Las conclusiones son claras: el ladrillo también contamina aunque nadie viva en el edificio.
Fátima Navas apunta que “las zonas costeras son lugares muy complejos, tanto por el carácter único de sus ecosistemas, como por el uso que el ser humano hace de ellas”. Pero “si el proceso de urbanización significa acabar prácticamente con la biodiversidad de una zona, dejar un complejo residencial u hotelero a medio terminar tiene una repercusión aún mayor en el medio”, destacan en el estudio.
El ejemplo que ponen es el hotel Atlante del Sol, ubicado en una zona volcánica en Lanzarote de condiciones muy adversas para el mundo vegetal. “El entorno está lleno de plantas especialmente adaptadas al medio y que tardan mucho en desarrollarse”, señala Rocío Carrero, quien subraya que en un amplio radio alrededor del edificio abandonado “no crece nada desde hace 20 años”.
Vertederos y ocupaciones
A la infertilidad del suelo se añade la erosión del terreno, que se ve agravada con la contaminación, ya que los alrededores de los edificios se convierten en semivertederos insalubres que acumulan basuras de diversa índole y a los que se une la ocupación por parte de población sin recursos, cuyos residuos, además, terminan afectando al entorno.
De hecho, en el hotel Añaza que antes se cita, fue descubierto un cadáver y provocó un gran impacto en la población, aunque el Ayuntamiento de Santa Cruz sólo pudo tapiar las primeras plantas para evitar sucesos similares ya que no podían “demoler una propiedad privada” y desconocían el paradero de los dueños del inmueble.
A todo esto se añade el impacto sobre el paisaje del entorno, puesto que los edificios abandonados se mezclan, no sólo con la línea de playa, sino con montañas y valles. “La topografía original cambia sustancialmente una vez empieza el proceso de urbanización, encontrándose a menudo montañas de tierra y grava, desechos o cobertura de asfalto”, señalan en el estudio.
Siguiendo en la línea del impacto socioeconómico que conllevan los proyectos urbanísticos a medio terminar, el trabajo -hecho publico a través de Andalucía Investiga- también apunta hacia cuestiones como el desempleo, ya que la primer consecuencia de la paralización sine die de un proyecto es la pérdida del empleo por parte de los propios trabajadores de la obra, así como de los empleos indirectos (subcontratas y suministradores) y de las expectativas laborales de la zona.
Otro de los factores importantes son los conflictos que se generan entre los distintos afectados por el abandono del edificio, llegando incluso a analizar la situación concreta de posibles demoliciones asumidas por la administración tras la iniciación de proyectos privados.
Entre ellos destaca el que mantienen con el tiempo el sector privado y la administración pública, quien intenta hacerse cargo de la situación tras la quiebra de la constructora, y que comprende un largo proceso que, en ocasiones, concluye con una demolición como en el caso de Club Mediterranée de Cadaqués, o que se mantiene sin resolver, como es el caso del hotel El Algarrobico en Carboneras, en pleno Parque Cabo de Gata-Níjar, y que, debido al procedimiento administrativo en el que está inmerso, continúa sin avanzar ni retroceder ocupando un espacio protegido y afectado directamente al entorno.
Las indefiniciones competenciales acentúan los impactos
Los investigadores del estudio destacan que también existen indefiniciones competenciales que acentúan los impactos en el territorio. “En los últimos 40 años se ha evolucionado mucho en el plano legislativo, hasta el punto de que mientras que a finales de los 50 había una única Ley del Suelo, hoy día tenemos cerca de 160 documentos en los que están implicados asuntos de administración del suelo, desde la Ley de Costas de 1988 hasta las leyes que soportan la planificación y la ordenación urbana a distintos niveles y escalas”, subraya Carrero. Una explosión reglamentaria que responde, según la investigadora, al intento del Estado por coordinar mejor los procesos de urbanización que se fueron de las manos en los 70 y que amenazan con volver a escaparse hoy.
Destacan las sustanciales mejoras que se dan con el nuevo entramado legislativo, especialmente en lo relativo a la responsabilidad social. “Si una empresa abandona un proyecto, entran en acción cuestiones como la indemnización a los propietarios, la declaración de ruina, expropiación del terreno,… No es que sea fácil, lleva muchos años, pero existen estas medidas para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo que hace cuatro décadas”, apunta la investigadora.
No obstante, en lo que se refiere a la responsabilidad ambiental, el estudio pone de manifiesto que aún queda camino por recorrer. Las leyes han ido introduciendo una preocupación por el medio y hay procedimientos como la evaluación del impacto ambiental en los que no se llegan a contemplar ciertos efectos si la obra se queda paralizada. “Existen todavía vacíos legales y metodológicos, aunque cuando se trata de zonas protegidas o amparadas por la ley de costas, la legislación es mucho más eficaz y se puede actuar en proyectos abandonados”, apunta Fátima Navas.
