La Justicia argentina procesó este jueves a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por malversación de fondos públicos por el supuesto uso de aviones oficiales para enviar los periódicos del día de Buenos Aires a su residencia en Santa Cruz (sur), informaron fuentes judiciales.
El juez Claudio Bonadio, encargado del resto de procesos que involucran a Fernández, estableció un embargo de sus bienes por valor de 500.000 pesos (11.458 dólares) pero, al contrario que en otras ocasiones, no dictó prisión preventiva para la exmandataria, que en cualquier caso tiene fueros de senadora y no puede ir a la cárcel.
Bonadio consideró a Fernández "partícipe necesaria" en este caso, al tiempo que procesó al exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, a quien acusó como "autor" del mismo.
En un largo fallo, Bonadio señaló que "se realizaban con regularidad vuelos con aviones de la flota presidencial a las ciudades de Río Gallegos y/o El Calafate, provincia de Santa Cruz".
El único fin de estos vuelos, según el magistrado, era llevarles a Cristina Fernández y a su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), "los diarios del día".
Una práctica que se extendió durante todo el periodo presidencial (2003-2015).
Esta causa comenzó con los testimonios de exempleados presidenciales en el kirchnerismo, declaraciones que surgieron durante la investigación del proceso conocido como "cuadernos de las coimas", que apunta hacia una red de sobornos de empresarios a altos funcionarios durante la etapa en la que la pareja ostentó el poder.
La expresidenta argentina dijo en febrero en los tribunales que las causas por corrupción por las que hasta entonces había sido citada solo buscan generar impacto con un guión digno de los "Oscar", al tiempo que negó que haya pruebas contra ella.
"Se han armado un montón de causas para poder citarme a prestar declaración indagatoria y luego procesarme, generando noticias de alto impacto mediático", consideró Fernández, quien en mayo debe afrontar su primer juicio.
La mayoría de causas por las que fue citada pertenecen al presunto pago ilegal de empresarios a funcionarios para favorecer la concesión de contratos públicos, pero también por sobreprecios en la importación de buques con gas licuado y por tener en su casa "documentos históricos", además del envío de periódicos y muebles a las residencias en el sur del país.
