La pugna entre los demócratas en el Congreso de EEUU y el Gobierno del presidente Donald Trump se crispó aún más este martes con la negativa del secretario de Estado, Mike Pompeo, a que los funcionarios de su departamento citados acudan al Legislativo para declarar sobre la relación con Ucrania.
"Permítanme ser claro: no toleraré tales tácticas, y utilizaré todos los medios a mi disposición para prevenir y exponer cualquier intento de intimidar a los profesionales dedicados a los que me enorgullece dirigir y servir en el Departamento de Estado", declaró Pompeo en una carta enviada al comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Todo ello en medio del revuelo generado por la investigación para un posible juicio político contra Trump por una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, en la que le pidió investigar al exvicepresidente Joe Biden, ahora aspirante a las candidatura presidencial demócrata en 2020, y a su hijo por presunta corrupción en ese país del este de Europa.
Pompeo, quien se encuentra de viaje en Italia, subrayó en la misiva que esas peticiones del Congreso son "un intento de intimidar y tratar de manera inadecuada a los distinguidos profesionales del Departamento de Estado".
Los legisladores de ese comité tenían previsto esta semana tomar declaraciones de Marie Yovanovitch, quien fuera embajadora de EEUU en Ucrania, y Kurt Volker, que dimitió el pasado viernes como enviado especial del Departamento de Estado para ese país, entre otros funcionarios.
Por su parte, Trump continuó con su retahíla interminable de ataques al denunciante, un supuesto agente de CIA, que presentó una queja interna por la llamada en la que el mandatario presionó a Ucrania para que investigase a Biden y que ha desencadenado un terremoto político en EEUU.
Según los documentos desvelados, el espía advertía "de que el presidente está utilizando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020", en las que Biden aparece como posible principal rival de Trump.
En varios mensajes en Twitter, el presidente insistió hoy en que toda la información de esta fuente "es de segunda mano" y que "casi todo lo que ha dicho" es "erróneo".
"No hubo presiones en absoluto (como confirmó el presidente de Ucrania). Es solo otro invento demócrata", remarcó Trump.
El mandatario ha sugerido que el legislador demócrata Adam Schiff, el presidente del comité de Inteligencia de la Cámara baja, fuese juzgado por "traición" y ha criticado sin cesar al informante.
Los demócratas han respondido con contundencia a las amenazas del mandatario y prometido acelerar el inicio del proceso de destitución político.
"Exijo al Partido Republicano que pongan fin al sucio lenguaje de llamar espías a los informantes y usar frases de la mafia insinuando que deberían ser asesinados", apuntó Maxine Waters, representante demócrata y presidenta del comité de Finanzas de la Cámara de Representantes, en la misma red social.
"El juicio político no es suficiente para Trump. Debe ser encarcelado y situado en encierro solitario. Pero ahora mismo, el juicio político es imperativo", alertó Waters.
Las sombras, sin embargo, no han dejado de crecer sobre la Casa Blanca.
Este lunes se revelaron presiones adicionales del Ejecutivo a otros países, en este caso A Australia e Italia, para desacreditar al fiscal especial, Robert Mueller, que dirigió las pesquisas sobre la llamada "trama rusa".
La Cámara de Representantes necesita una mayoría simple de 218 legisladores para enviar los cargos de acusación al Senado. Los demócratas ocupan 235 escaños los 435 de esa cámara.
Por su parte, el Senado, controlado por mayoría republicana, deberá contar con el respaldo de dos tercios de la cámara -67 senadores- para destituir al presidente, algo que actualmente parece poco factible.
En la historia de EEUU, solo tres presidentes han anfrontado hasta ahora procesos de destitución: Andrew Johnson (1865-1869) y Bill Clinton (1993-2001), quienes fueron absueltos; y Richard Nixon (1964-1974), quien dimitió antes de que se produjera su juicio político.