El nuevo plazo pedido por Fertiberia para el aval, una "tomadura de pelo"

El Grupo Municipal Mesa de la Ría, parte en el proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional contra Fertiberia por las balsas de fosfoyesos de Huelva, ha calificado de "tomadura de pelo" el nuevo plazo solicitado por la compañía al tribunal para la presentación íntegra del aval para la restauración de las mismas.

En un comunicado, Mesa de la Ría considera que con esa insistencia de la empresa en que “necesita más tiempo” para presentar unos avales que la Audiencia Nacional le está requiriendo desde diciembre de 2015 y para el que ésta le dio un plazo "improrrogable y definitivo" de un mes el pasado 14 de agosto, se está “tomando el pelo” al conjunto de la sociedad onubense y dicho Órgano Judicial.

El colectivo ha insistido en que los avales propuestos hasta el momento por Fertiberia, por un importe de alrededor de 36 millones de euros, "no pueden ser considerado válidos, pues se condiciona la entrada en vigor de los mismos a que las administraciones le otorguen los distintos permisos ambientales y así se lo ha trasladado a dicho Tribunal".

Para esta organización, la empresa “nunca ha tenido intención de poner el dinero para restaurar la marisma” y, por ello, ya ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional alertando sobre “esta maniobra de la empresa” que, por un lado, “trata de eludir la constitución del aval solicitando reiteradamente un plazo temporal tras otro” intentando presionar, además, al Ministerio de Transición Ecológica y a la Junta de Andalucía para que les otorgue las autorizaciones ambientales pertinentes (DIA y AAI).

El concejal de Mesa de la Ría Rafael Gavilán ha asegurado que “podría darse el caso de que alguna de estas autorizaciones administrativas resultara desfavorable para Fertiberia, lo que supondría que no se garantizaran económicamente los trabajos de restauración de la marisma”.

Mesa de la Ría ha solicitado a la Audiencia Nacional que exija a Fertiberia el depósito inmediato de la totalidad de los 65,9 millones de euros requeridos y que este aval tenga vigencia hasta que la empresa acabe con las labores de restauración, ya que las garantías suscritas con diferentes entidades bancarias solo alcanzarían una duración de cinco años prorrogables por otros cinco.

Para Mesa de la Ría, el problema medioambiental que acarrean las balsas de fosfoyesos requiere de una intervención contundente por parte de todas las administraciones implicadas, si lo que se desea es alcanzar una solución definitiva a esta situación.