El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, encargado del caso en el que se investiga a Abdullah Al-Thani y a sus tres hijos por supuestas irregularidades en la gestión del Málaga CF, ha acordado ampliar la administración judicial ya establecida en el club a otras dos empresas vinculadas al jeque, designando para ello a la misma persona; es decir, a José María Muñoz Jiménez.
Esta causa se inició a raíz de la querella presentada por la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) de Málaga y se investigan delitos de administración desleal, delito societario y de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por los anteriores como miembros del consejo de administración del club. Además, hay otros tres investigados.
Al inicio de la instrucción, la magistrada acordó designar un administrador judicial que asumió la gestión mercantil tanto de la Sociedad Anónima Deportiva Málaga CF como de Nas Football SLU y también decidió que la familia Al-Thani pagara una fianza civil para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de este procedimiento.
Ahora, la instructora cree necesario adoptar urgentemente medidas cautelares respecto a otras dos sociedades --NASS Spain 2000 S.L y Nassir Bin Abdullah and Sons--, tal y como instó el administrador judicial, para "evitar distracción de capital social a otras empresas del grupo Nass o gestionadas por el querellado, con el consiguiente perjuicio para la entidad Málaga CF" y "en aras a proteger el patrimonio" de la misma.
En su escrito, el administrador aludía a la sentencia de junio de 2019 de Primera Instancia número 12, que declaró la titularidad de Nas Spain 2000 S.L. de la mayoría de las acciones del Málaga; una resolución que no es firme, al estar recurrida en apelación, pero de la que ya se acordó su ejecución provisional. Asimismo, apuntaba a un cambio en la situación societaria del club a raíz de este fallo.
Así, el administrador explicaba que antes de dicha sentencia el socio mayoritario era Nas Football SLU, representada por la familia Al-Thani --sociedad ya intervenida--, con un porcentaje de titularidad de acciones de 96,89 por ciento; mientras que los socios minoritarios, con varias representaciones, tenían un 3,11 por ciento de estas.
Pero, tras la resolución y la inscripción de la titularidad de las acciones en favor de Nas Spain 2000, sería esta empresa, formada por Nassir Bin Abdullah and Sons y Management Empresarial, la que tendría una titularidad de las acciones del 96,89 por ciento y los minoritarios seguirían con un porcentaje del 3,11 por ciento de las acciones.
"Se trata de evitar que los ahora querellados, abusando del carácter de titulares mayoritarios de las acciones de Málaga Club de Fútbol SAD, puedan llevar a cabo iniciativas tendentes a evitar el buen fin del procedimiento, llevando a cabo actividades que despatrimonialicen las mencionadas sociedades, situación que en el momento actual es racionalmente posible que ocurra", señala la jueza.
Para tomar esta decisión, la magistrada ha tenido en cuenta, según explica en su resolución, tanto la documentación inicial como la que se ha ido uniendo a través de informes y escritos presentados por el administrador judicial designado y también los informes policiales presentados desde entonces, en concreto uno de la Sección de Blanqueo incorporado a la causa en julio.
Este documento concluye, "siempre de forma provisional, que los ahora querellados, en su propio beneficio y con la intención de asegurar intereses económicos exclusivamente personales", habrían dispuesto de dinero "a través de empresas meramente patrimoniales y pertenecientes al entorno del presidente del Málaga", entre las que estaban Nass Football, que disponía inicialmente de la mayoría de acciones, y aquéllas sobre las que ahora se ha decidido.
A través de estas sociedades, al menos desde 2015 hasta su suspensión cautelar en febrero de 2020, supuestamente habrían dispuesto "de dinero efectivo y activos perteneciente a la entidad Málaga CF, donde los querellados estuvieron ejerciendo funciones de alta dirección". Además, "es evidente que ambas entidades están concertadas entre sí para un mismo fin --el beneficio económico de los querellados--", considera la magistrada.
