Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI) piden que se considere “delito” dejar a una familia sin recursos en la calle y reclaman a las administraciones atención a familias pendientes de un desahucio.
Muestran su “preocupación” ante cuatro casos. El primero, una familia con cuatro hijos de corta edad que pagó “en negro” una vivienda y “ va a ser desahuciada de ella porque el banco, verdadero dueño de esa vivienda, ha decidido dejarlos en la calle el próximo día 27 de noviembre y no ofrecerles un alquiler social en esa misma vivienda”. Señalan que la familia “tiene pocos ingresos, pero podrían hacer frente a un pequeño pago”.
En segundo lugar, explican el caso de una familia con dos hijos menores que deben de dejar la vivienda en la que habitan el próximo 31 de diciembre. “Se trata de una vivienda aportada de manera gratuita por una entidad y aún no tienen una solución habitacional. Sus ingresos tampoco le permiten hacer frente al pago de un alquiler del mercado y mucho menos, respaldar el alquiler con un aval”, dicen.
Finalmente, reconocen que “una madre con dos menores de edad, que ha sufrido una delicada operación y ha perdido por ello su puesto de trabajo, va a ser desahuciada de su piso de alquiler el próximo día 10 de enero por impago del mismo”.
El desahucio de una familia con tres hijos de corta edad en el Polígono del Valle, previsto para el pasado 7 de noviembre, ha sido aplazado.
En un comunicado, denuncian que las administraciones locales y autonómicas “no ofrecen soluciones a las familias pendientes de desahucios, un drama que se está perpetuando” y por el que "deben trabajar para aportar soluciones a los problemas concretos de los ciudadanos, especialmente de las personas más vulnerables”.
Echan en falta una cobertura legal y jurídica para estos casos, “de manera que se paralicen los desahucios durante el tiempo necesario para ofrecerles, desde las administraciones, una solución habitacional permanente y asequible a sus escasos recursos”.
Dicen: “Es un problema tiene solución y las administraciones están para eso. Es necesario habilitar soluciones políticas urgentes para un problema que vemos que va creciendo y soluciones a medio plazo que permitan erradicar este problema, vergonzoso en una sociedad en pleno siglo XXI”.
Reclaman una “necesaria negociación con bancos y fondos bancarios para recuperar viviendas que se puedan ofertar en alquiler social”.
Y es que “no puede haber viviendas vacías pertenecientes a bancos y entidades financieras mientras hay personas en la calle”. De ahí que pidan “habilitar medidas para que se puedan utilizar bienes en desuso mediante expropiación temporal u otros medios, cuando son manifiestamente necesarios”.
Señalan que es necesario que las administraciones públicas “dispongan de un parque público de viviendas que eviten llegar a estas situaciones” y que “se deben de realizar adjudicaciones extraordinarias para problemas extraordinarios que se dan como en estos casos”.