El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves, con el apoyo de PSOE y Cs y la abstención de PP, Adelante Sevilla y Vox, la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada inicialmente en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para evitar la instalación de los puntos de suministros de estaciones de servicio a menos de 50 metros de edificaciones existentes o de parcelas previstas en el planeamiento para usos de residentes o dotacionales.
En su intervención, el concejal delegado de Hábitat Urbano, el socialista Antonio Muñoz, ha indicado que ahora se abrirá un periodo de exposición pública y alegaciones durante el que se evaluará la posibilidad de incrementar esta distancia en función de los informes que se puedan recabar durante el proceso y siempre que se cuente con todas las garantías jurídicas.
En este sentido, ha explicado que el PGOU establecía hasta ahora una distancia de 50 metros con las viviendas o equipamientos en parcelas calificadas como estaciones de servicios y en concesiones de puntos de servicio, pero esta limitación no afectaba a puntos de suministro asociados a otros proyectos y que son "los que han provocado más conflicto con los vecinos". Concretamente, no había restricción urbanística para los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o polígonos industriales que de acuerdo con la normativa estatal incorporan entre sus equipamientos instalaciones para suministro de productos petrolíferos a vehículos.
"La modificación del PGOU plantea que incluso en estos supuestos de uso asociado no podrá estar la gasolinera a menos de 50 metros de un edificio residencial o de un equipamiento. La aprobación inicial supondrá de forma transitoria la suspensión de licencia para puntos de suministro a una distancia inferior a 50 metros", ha señalado Muñoz, quien ha explicado que con esta medida "se quiere dar respuesta a quejas vecinales que nos están llegando desde distintos puntos de la ciudad por la implantación de puntos de suministro de carburante cerca de viviendas y creemos, además, que es una medida que puede suponer una barrera de entrada para futuras instalaciones".
La concejal del PP Ana Jáuregui plantea dudas sobre la distancia marcada de 50 metros e indica que esta modificación es "en parte una exigencia de adaptación normativa que se hace a través de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia", avisando de que hay unos plazos que cumplir. "Es una obligación del Ayuntamiento adaptar el PGOU a la normativa actual. Vemos como hay que seguir parcheando el planeamiento con modificaciones puntuales en vez de revisarlo, teniendo en cuenta que en muchos aspectos no atiende a la normativa actual", añade.
La portavoz de Adelante, Susana Serrano, ha pedido a Muñoz que la tenga "al tanto" de las licencias que se otorguen en este sentido, ya que su formación estará vigilante con este asunto, y ha recordado que el Ayuntamiento se ha comprometido a avanzar en el estudio propuesto desde la confluencia para analizar si se necesita más de esos 50 metros para que los ciudadanos no respiren gases perjudiciales. Además, ha abogado por "velar por la salud y convivencia en la ciudad y a la solidaridad, ya que si no lo queremos para nosotros, no lo queramos para los demás".
El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha considerado que se trata de "un asunto de legalidad en un tema importante" y valora que se homologue la distancia de 50 metros para "seguridad jurídica" de ciudadanos y empresas, aunque pide que se argumente bien si será esa u otra la distancia para que no pueda ser tumbada en los juzgados.
PRÓRROGA DEL DEBER DE EDIFICAR
Por otra parte, el Pleno ha aprobado con el apoyo de todas las formaciones, salvo por el voto contrario de Adelante Sevilla, la prórroga durante un año más la moratoria vigente desde el año 2014 en el deber de edificar por parte de los propietarios de terrenos incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, a excepción de todos aquellos suelos de propiedad privada que hayan incumplido los plazos para edificar y cuenten ya con órdenes de ejecución de medidas de conservación que no hayan sido debidamente cumplidas.
Por tanto, los dueños de parcelas urbanas incluidas en el Registro Municipal de Solares, que se ubiquen fuera del conjunto histórico y que no hayan recibido una orden de ejecución del Ayuntamiento, verán suspendidos durante un año más el tiempo que la ordenanza reguladora de este registro les otorga para proceder a la edificación de sus suelos, antes de iniciar un proceso de venta forzosa de los mismos.
El plazo de esta nueva prórroga comenzará a surtir efecto a partir de la fecha de publicación del acuerdo correspondiente que debe adoptar el Pleno del ayuntamiento en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En todo caso, si es posterior al día 3 de febrero de 2021, el acuerdo tendrá carácter retroactivo desde la citada fecha hasta la entrada en vigor del mismo.
Al hilo de ello, Muñoz indica que se trata de una medida "realista y equilibrada para propiciar el desarrollo urbanístico pero evitando especulación en algunos casos y evitando el impacto de la pandemia a esos pequeños propietarios, sobre todo con solares en la periferia y que tienen dificultades en estos momentos para cumplir con la ordenanza sobre este tipo de espacios". Tras señalar que el incumplimiento de intervención "a veces está ligado a problemas de financiación y no a especulación", subraya que el 57 por ciento de los solares tienen menos de 150 metros cuadrados por lo que "no se está hablando de grandes bolsas inmobiliarias a la espera de poder especular".
En este marco, la concejal del PP Ana Jáuregui indica que el gobierno local "ha cambiado el paso, pudiendo ampliar la prórroga incluso dos años más ante la crisis sanitaria, económica y financiera". Además, pide mantener los solares públicos en las mismas circunstancias de salubridad y ornato que se le exigen a los particulares. De su lado, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, pide indicadores "más objetivos" para tomar estas decisiones y que "no esté sujeto a la discrecionalidad de la Gerencia de Urbanismo, dando así mayor seguridad jurídica".
Por otra parte la portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, ha justificado su voto contrato ante una medida "favorece a la especulación y a mantener unos precios que el mercado no puede pagar", a la par que advierte de que "otros años ha sido muy criticado que no se trate a todos los solares por igual", apuntando que desde el Ayuntamiento se reconoce el "dinamismo" de los que están en el centro.
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