La portavoz del grupo municipal Adelante Sevilla, Susana Serrano, ha reclamado este martes al alcalde de la ciudad, Juan Espadas, que promueva una reforma estatutaria y un código de buenas prácticas en la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) al objeto de garantizar que la gestión de la misma pueda ser "supervisada en tiempo y forma por los miembros del Consejo de Administración y, consecuentemente, avalada tal como exige el actual reglamento de funcionamiento". La petición de Serrano se produce tras la "negativa" del consejero de Adelante Sevilla, José Ignacio Aguilar –al que se sumó posteriormente el representante de Cs- a avalar las cuentas de la empresa y el informe de gestión correspondientes a 2020, alegando la imposibilidad de "evaluar rigurosamente dos informes –de 70 páginas cada uno- y una propuesta de reforma estatutaria aportados por la empresa para su votación con tan sólo dos días naturales de antelación".
Así, en opinión de la edil de Adelante, aunque el Estatuto actual establezca un plazo mínimo de 48 horas para convocar una reunión del Consejo de Administración, la realidad práctica es que ese plazo resulta claramente insuficiente para estudiar con “rigor y responsabilidad” la documentación a tramitar. En este sentido, ha criticado que este modelo de gestión “express” en el que se ha instalado el equipo de Espadas es “un muro más” que impide la participación efectiva de los grupos políticos de la oposición y dificulta en gran medida la fiscalización de las cuentas y la gestión de Emvisesa.
Serrano ha reclamado en este sentido que, dado que no se atienden los requerimientos ordinarios efectuados por el consejero de Adelante Sevilla, desde el Ayuntamiento se promueva una reforma de los estatutos de Emvisesa para que las reuniones del Consejo de Administración deban ser convocadas con un plazo no inferior a siete días naturales –salvo casos excepcionales- y garantizar que los consejeros contarán con este mismo plazo para estudiar la documentación completa que se someterá a votación. Como han apuntado desde Adelante, esta medida permitiría, junto a la aprobación de un código de buenas prácticas, romper una “persistente inercia de desprecio hacia la participación” en la actividad de esta empresa pública y dar tiempo a los consejeros para que estudien y fiscalicen rigurosamente hasta poder otorgar su aval en las votaciones con la responsabilidad que ello supone.
Por último, Serrano ha instado al equipo de Espadas a hacer extensible este tipo de medidas al resto de consejos de administración y organismos dependientes del Ayuntamiento donde se producen situaciones similares de dificultades en la fiscalización como es el caso de la empresa pública de limpieza Lipasam.
