Manuel Sánchez Ferre y Carmen Redondo Segura, matrimonio que se considera legítimo propietario de los terrenos de las Minas de Alquife (Granada), ha advertido de que su proyecto de explotación no puede llevarse a cabo porque todavía hay "conflictos judiciales subyacentes" que impiden la puesta en marcha.
Este pronunciamiento, que ha hecho esta sociedad de gananciales a través del despacho Yebra Avivar y Asociados Abogados, se produce después de que la Junta haya concedido a la empresa Minas de Alquife la autorización necesaria para iniciar los trabajos para recuperar los lodos ferruginosos del yacimiento "Santa Bárbara".
Los representantes legales de este matrimonio de Níjar (Almería) han señalado que la delegada territorial de Empleo e Industria de la Junta en Granada, Virginia Fernández, podría estar incurriendo al respecto en un posible delito de prevaricación.
En este sentido, se han referido a los "continuos mensajes interesados y que no recogen la realidad" existente respecto a la reapertura de la explotación minera de Alquife y su situación jurídica.
"Mensajes que juegan con las ilusiones y esperanzas de toda una comarca que ha visto en el proyecto de las Minas de Alquife una esperanza a la situación de desempleo y subdesarrollo estructural que vive la zona desde hace años", ha indicado en un comunicado.
Esta sociedad de gananciales cree que tanto la propia empresa como los dirigentes políticos han contribuido "de forma torticera" en estos años a generar confusión entre la población, cuando saben "de sobra" que el proyecto no puede llevarse a cabo porque hay una serie de conflictos judiciales subyacentes que impiden su puesta en marcha.
Por ello, Sanchez Ferre y Redondo Segura confían en la justicia y desean que muy pronto le dé la razón a todas sus reivindicaciones y restituya los derechos a la sociedad de gananciales que conforman.
Entre otras cuestiones, sus representantes legales han hecho alusión al impago de la compraventa de parte de la mina, a la presentación de diversos procedimientos y recursos judiciales, a la autorización de la transmisión de las concesiones administrativas mineras y de la autorización unificada medioambiental, y al que consideran "malestar social y oposición" a la carga de mineral por los puertos almerienses.
