El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este miércoles las ayudas de 2,4 millones para ayuntamientos y entidades con el objetivo de erradicar los asentamientos chabolistas de inmigrantes y favorecer la integración.
El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, en respuesta a dos preguntas de Vox y Adelante Andalucía, ha informado en el Parlamento de la publicación de estas ayudas, que forman parte de un trabajo "integral" para abordar una cuestión "estructural".
La convocatoria de ayudas tiene dos líneas, una para proyectos de entidades privadas sin ánimo de lucro (1,4 millones) y otra para infraestructuras y equipamientos de los ayuntamientos (1 millón).
Bendodo, que ha lamentado los últimos sucesos ocurridos en Lucena del Puerto y Níjar, ha explicado que además de los fondos propios para los ayuntamientos se estudia la posibilidad de contar con fondos propios para erradicar el chabolismo.
Ha informado de que en las próximas semanas se celebrará el Foro Regional de Inmigración y los Foros Provinciales de Inmigración para seguir avanzando en búsqueda de soluciones conjuntas.
El diputado de Vox Francisco Ocaña ha reclamado al Gobierno andaluz que actúe "con urgencia" para atajar la problemática de los asentamientos en la provincia de Huelva y ha acusado al Ejecutivo central y al regional de ser "cómplices" por permitir la llegada y estancia de inmigrantes ilegales "a los que se les prohíbe trabajar", ha explicado esta formación en un comunicado.
Ha indicado que se prohíbe a los empresarios de la zona contratar a los inmigrantes sin papeles que llegan buscando trabajar en el campo, por lo que quedan "abocados a construirse infraviviendas en los alrededores", donde "hay prostitución, drogas, surgen mafias y frecuentemente se incendian voluntariamente llegando a provocar la muerte de personas como lamentablemente ocurrió la semana pasada".
Por parte de Adelante Andalucía, la diputada Ana Naranjo ha reclamado a Bendodo que la Junta tome decisiones porque, "parece que no tiene responsabilidad" pero tiene competencias en relación a vivienda, a sanidad y en los servicios comunitarios.
Ha afeado a Bendodo que los grupos del Gobierno andaluz votasen en contra en el pasado pleno los puntos de una iniciativa en la que se reclamaba "la tarjeta sanitaria, la atención de un médico de familia para las personas que viven estos asentamientos o garantías de vivienda digna para estas personas".
Ha opinado que "es una vergüenza para Andalucía que este Gobierno andaluz esté mirando hacia otro lado ante un incumplimiento flagrante de los derechos humanos en nuestra tierra".
