El Juzgado de lo Mercantil nº 1 ha declarado nulo, en sentencia del pasado 1 de septiembre, el acuerdo que la Junta General de El Puerto Global tomó el 2 de septiembre de 2019 por el que se pretendía revocar la decisión de Consejo de Administración de dicha Sociedad readmitiendo al gerente Rafael Serrano.
Esta sentencia determina que las decisiones de la oposición vulneraban las competencias de los órganos sociales, se infringía la Ley y los estatutos de la empresa. Por tanto, ratifica una vez más la legalidad de la readmisión del gerente en cumplimiento de los estatutos, las resoluciones y normativa de aplicación.
La sentencia proviene de la demanda presentada por dos miembros del consejo de administración además de su presidente Javier Bello, que vieron sus funciones y competencias invadidas por la junta general.
A este respecto Bello ha manifestado que “el fallo no es ninguna sorpresa, ya que en la misma sesión de la junta general en la que los grupos de oposición tomaron el acuerdo -ahora anulado-, el alcalde Germán Beardo advirtió al inicio de la convocatoria de que con todos los informes jurídicos el punto era improcedente e ilegítimo, tal como ahora demuestra la sentencia”.
El presidente de El Puerto Global tacha de lamentable la utilización que ha hecho la oposición de los órganos de la empresa municipal con la intención de torpedear la acción de gobierno, sin reparar en tácticas como la judicialización de la gestión ordinaria y de la política municipal ni en los costes que para el ayuntamiento y la empresa tienen.
Igualmente Javier Bello explica que las costas, abogados y procuradores de la oposición han sido costeados por la empresa y contratados por la consejera dimitida María Eugenia Lara, al contrario que los demandantes que han afrontado íntegramente los gastos de forma particular.
Y añade Bello: “Judicializar la política municipal solamente para poner palos en la rueda perjudica a todos los portuenses. Los distintos pronunciamientos de la justicia nos hacen ver que estas artimañas basadas en intentar dañar la imagen del alcalde y sus concejales no dan resultados a una oposición que dejó de trabajar por El Puerto hace ya demasiado tiempo. Espero, deseo y pido que después de las sentencias y archivos de la fiscalía de denuncias sin base, la oposición se convenza de que trabajar por los portuenses no es denunciar sin argumentos, animándoles a la crítica constructiva y a la colaboración para que El Puerto salga adelante que es lo que quieren y se merecen los portuenses”.
Como se recordará, "todos los grupos de la oposición impulsaron una junta general, que está formada por los miembros del Pleno del ayuntamiento, y que celebró una sesión extraordinaria en septiembre de 2019 en la que pretendían revocar el acuerdo del consejo de administración de readmitir al gerente de la empresa".
Así la sentencia dictamina que “al tratarse de una empresa municipal, en la que sus miembros forman parte de la corporación municipal del ayuntamiento y, por tanto, pertenecientes a distintos partidos políticos, en el trasfondo de la cuestión discutida hay intereses políticos” y que la Junta no puede “revocar, anular y dejar sin efecto” un acuerdo del consejo dictado en el ámbito de sus propias competencias.
Según Bello, "este serio revés judicial a la tóxica estrategia de la oposición que pretendió montar un caso mediático de las decisiones de gestión adoptadas para cumplir con la normativa básica municipal se suma al fulminante auto del tribunal supremo de diciembre de 2019 que constataba la legalidad y no lesividad de las decisiones, el cumplimiento de la sentencia del TSJA y después el archivo por la fiscalía de la denuncia que hizo la oposición. Siguió la resolución del registro mercantil que negó la inscripción de los acuerdos de la junta general, ahora anulados por ir contra los estatutos de la empresa y finalmente esta sentencia del juzgado de lo mercantil".
“Quizás los miembros del extinto tripartito liderados por David de la Encina deberían pedir disculpas por el daño impuesto a la empresa municipal por tomar decisiones ilegales, sin amparo administrativo y sin informes económicos, y reintegrar los gastos de la fallida fusión de empresas municipales, uno de los grandes fraudes de su fallido programa electoral”, concluye Javier Bello.
