El Gobierno de España ha dejado claro que las competencias relacionadas con la contaminación por hidrocarburos detectada en la barriada Guadalquivir de Coria del Río recaen sobre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento del municipio. Así lo afirma en una respuesta escrita a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, en relación a la fuga de carburantes ocurrida en la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L., epicentro del episodio contaminante.
En su escrito, fechado el pasado 19 de marzo, el Ejecutivo detalla que "la competencia en materia de contaminación de suelos corresponde a la comunidad autónoma, salvo la declaración de suelos contaminados, que en Andalucía compete a los ayuntamientos". Añade, además, que sobre el área afectada ya se ha aprobado un plan de actuación en el subsuelo "para contener y reducir la contaminación", impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta.
El Gobierno también subraya la responsabilidad del Ayuntamiento de Coria del Río, que además de haber declarado los terrenos como contaminados, es la administración que concedió la licencia de actividad a la estación de servicio y tiene competencias en saneamiento. Esta situación ha derivado en la creación de una mesa de trabajo liderada por la Junta de Andalucía, tras una proposición no de ley aprobada por el Parlamento andaluz a instancias del PSOE. Sin embargo, los afectados denuncian que los vecinos no han sido incluidos en dicho grupo.
A esta situación se suma un informe emitido por la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado que alerta sobre el grave impacto ecológico y sanitario causado por la fuga. Según este documento, existe "un riesgo sustancial para la salud de las personas", con presencia de compuestos orgánicos tóxicos detectados en viviendas próximas que coinciden con los hidrocarburos hallados en los suelos y aguas subterráneas.
Por otra parte, la Junta de Andalucía ha evaluado el proyecto de recuperación voluntaria presentado por la empresa responsable, pero el Servicio de Calidad del Suelo ha determinado que "las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación". Por ello, se ha solicitado la ampliación de las actuaciones de remediación, al considerar que no se han agotado las técnicas posibles para limpiar el terreno.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia firme en la que ordena al Ayuntamiento de Coria del Río reactivar la declaración de suelos contaminados para la gasolinera en cuestión. El fallo reconoce la existencia de contaminación con impacto en las viviendas, aunque no accede a otras peticiones vecinales como el realojo o indemnizaciones, lo que ha motivado que los afectados recurran algunos aspectos del dictamen judicial.
