El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha aprobado por unanimidad, en su pleno ordinario de mayo, solicitar a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía la cancelación del convenio firmado en 2002 para sufragar la llamada tarifa técnica del metro de Sevilla. Este acuerdo estipula que varios municipios, entre ellos San Juan, contribuyan al coste real del funcionamiento del suburbano, más allá del precio del billete que abona la ciudadanía.
La petición de rescisión se produce después de que el Gobierno local, formado por el Partido Popular y Cambia San Juan, haya decidido tomar medidas legales contra la reclamación económica derivada de dicho acuerdo. El concejal de Urbanismo y Movilidad, Carlos Leo, explicó que ya en marzo se ratificó una resolución de Alcaldía para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la orden autonómica de finales de 2024 que exige al municipio el pago de 4,3 millones de euros.
Ello, después de que la Junta de Andalucía reclamase en suma más de 172 millones de euros a los cuatro municipios abarcados por la línea uno del metro, que son Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan; por la deuda derivada de la explotación del suburbano hispalense, cuya sociedad gestora encabeza la corporación privada Globalvía, merced a los convenios suscritos en 2002 con la Administración autonómica como promotora del proyecto y responsable del servicio público de metro, para financiar la tarifa técnica del mismo, es decir el coste real del funcionamiento del suburbano más allá del precio que paga la ciudadanía por su uso.
Al respecto, el edil de Movilidad ha expuesto, como ya hiciera en el pleno de marzo, que el principal argumento para el mencionado recurso contencioso contra la reclamación económica de la Junta y ahora para "impugnar" el convenio de 2002 del que parte dicha solicitud de fondos reside en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, promovida en 2013 por el entonces Gobierno central del popular Mariano Rajoy.
Según dicha ley nacional, como ha destacado Carlos Leo, el servicio público de metro "no es competencia exclusiva" del Ayuntamiento, sino "íntegramente de la Comunidad Autónoma", o sea de la Junta; con lo que procede "impugnarlo" para su rescisión y así "no seguir generando deuda", pues el Ayuntamiento arrastraría una "deuda acumulada de cinco millones" de euros, por este concepto que según ha indicado no le correspondería abonar.
También ha intervenido en el debate el portavoz del PSOE, Fernando Zamora, manifestando su "total apoyo" a la decisión municipal, porque el convenio de 2002 "no tiene razón de ser". Y es que como ha argumentado Zamora, no procede que el Ayuntamiento de San Juan y por ende la ciudadanía del municipio pague en exclusiva parte de esa tarifa técnica del metro, cuando es un servicio usado por personas de toda la comarca y no sólo de los municipios que cuentan con parada.
