Durante la última sesión plenaria del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, el concejal de Planificación Urbana, Carlos Leo, denunció que tanto él como su compañera de corporación, Dolores Amaya, han sido objeto de reiteradas llamadas desde números ocultos en las que se les profiere amenazas e insultos. Según explicó el edil, los hechos ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes para su investigación.
La intervención de Leo se produjo en respuesta a una cuestión planteada por la concejala socialista Inmaculada Muñoz, quien se interesó por la situación del proyecto de rehabilitación de 304 viviendas en la barriada de Santa Isabel. El edil aprovechó su turno para señalar que estas llamadas anónimas incluso se han producido de madrugada en el caso de Amaya, lamentando que se haya generado un ambiente hostil que, en su opinión, no se ajusta a la realidad. Por su parte, Muñoz condenó lo sucedido y recordó que episodios similares también ocurrieron durante gobiernos anteriores del PSOE, calificando los hechos como “muy lamentables”.
Situación del proyecto
La concejala del PSOE, en cualquier caso, ha indicado que los representantes vecinales "quieren que se les reciba y estar informados de manera más asidua" sobre el proyecto, exponiendo el concejal popular de Planificación Urbana que en este asunto, las ayudas europeas han sido concedidas "a las comunidades de propietarios" y que el Ayuntamiento "no gestiona ni un euro" de estos fondos.
El Consistorio, según Carlos Leo, recibió a una representación de la asociación vecinal el pasado 4 de febrero entregando "una copia del proyecto", que ha sido encargado por las comunidades de propietarios a la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, que habría comunicado según ha detallado que ya está "terminando de firmar los contratos con la empresa constructora" que ejecutará las obras de rehabilitación de las viviendas.
Hablamos del proyecto de rehabilitación de 304 viviendas repartidas en 38 bloques de la barriada de Santa Isabel diseñado por el Ayuntamiento de San Juan, una actuación subvencionada por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, con 5,7 millones de euros de los fondos europeos de recuperación cosechados por el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez y asignados a la región.
El acuerdo firmado por la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes para este proyecto incluía, además de la subvención de 5,7 millones, la constitución de una oficina de rehabilitación y vivienda en la barriada que sería gestionada por el propio Consistorio para atender a los vecinos y comunidades de propietarios e informarles de todo el proceso para la ejecución de unas obras que, al estar subvencionadas por fondos europeos de recuperación cosechados por el Estado, deberán estar finalizadas antes del mes de junio de 2026.
Demandas vecinales
Al respecto, el presidente de la asociación de vecinos Santa Isabel, Antonio Manzano, avisaba recientemente de que a día de hoy, dicha oficina de información no ha sido constituida y de que el Ayuntamiento de San Juan "no ha dado forma" al proyecto pese al tiempo transcurrido desde la concesión de los fondos europeos. En ese sentido, manifestaba su temor ante la posibilidad de que estos fondos europeos "se pierdan" si expira el plazo de junio de 2026 sin la ejecución de las actuaciones subvencionadas, motivo de la reciente manifestación vecinal.
El edil de Planificación Urbana respondía de su lado que en este proyecto, el Ayuntamiento de San Juan ejerce el papel de mero "intermediario" y "ya ha hecho todo su trabajo" al promover la constitución de 12 comunidades de propietarios que, para acometer las citadas obras subvencionadas, han elegido ya a la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España como "agente rehabilitador" y han solicitado ya la correspondiente licencia de obras en nueve de los 12 casos. Por eso, según señalaba, no había sido necesario crear la citada oficina.
