Ecologistas en Acción ha calificado como “irresponsable y contraria al interés general” la autorización por parte de la Junta de Andalucía del proyecto de reapertura y restauración de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar , en manos de la alianza empresarial formada por Grupo México y la compañía andaluza Minorbis. El enclave fue escenario en 1998 de uno de los mayores desastres ecológicos en España, tras la fractura de una balsa de residuos tóxicos explotada por Boliden-Apirsa.
El colectivo ecologista denuncia que el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, “no se ajusta a la realidad” al afirmar que el proyecto no contempla una nueva balsa de residuos. Según indican, se pretende depositar durante los 17 años previstos millones de toneladas de nuevos lodos tóxicos en la antigua corta de Aznalcóllar, ya saturada con los restos de la catástrofe de 1998, transformándola en una gran balsa sin garantías.
La organización advierte de que este sistema de gestión de residuos permite a la empresa evitar la elaboración de un Plan de Emergencia Exterior y las medidas de seguridad obligatorias para instalaciones de residuos mineros de categoría A. Aseguran que el uso de esta vía como "relleno de restauración" es un subterfugio para eludir obligaciones legales esenciales.
Ecologistas en Acción teme que, como ocurrió con la mina de Las Cruces, los residuos contaminen las aguas subterráneas del acuífero de Gerena —estratégico para el abastecimiento de Sevilla en épocas de sequía— y afecten a las aguas superficiales del corredor ecológico del Guadiamar, vulnerando las condiciones establecidas en el concurso minero de 2015.
El consejero Paradela ha defendido el proyecto, valorado en unos 500 millones de euros, destacando que se trata de una mina subterránea y no a cielo abierto, con tecnologías avanzadas de depuración y recirculación de agua. Asegura además que generará hasta 2.000 empleos durante la fase de operación.
Sin embargo, los ecologistas rechazan estas declaraciones y denuncian que el proyecto contempla el vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados al Estuario del Guadalquivir, una zona protegida por la Red Natura 2000. Aseguran que los efectos podrían ser permanentes y “probablemente irreversibles”.
A este contexto se suma el juicio abierto por la adjudicación de la mina a Grupo México y Minorbis. Emerita-Forbes Manhattan, otra de las empresas aspirantes, denunció penalmente el proceso. Tras varios archivos, la Audiencia de Sevilla ordenó reabrir la causa, que actualmente se juzga con 16 acusados. Ecologistas en Acción afirma que el consejero Paradela se convierte en “cómplice” de los posibles delitos que se investigan.
