La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha avanzado este lunes en el juicio sobre la polémica adjudicación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, entrando en su fase final con la presentación de conclusiones. La causa se originó a raíz de la denuncia presentada por Emerita Resources España, empresa que participó sin éxito en el concurso público convocado por la Junta de Andalucía y que acusa a varios cargos y técnicos de haber favorecido de manera irregular a la alianza empresarial Minorbis-Grupo México.
En esta nueva jornada, la Fiscalía ha reiterado su postura de archivo de la causa para la totalidad de los 16 acusados, ratificando así el escrito provisional en el que ya descartaba la existencia de indicios de delito, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.
El juicio se ha retomado después de que el pasado 30 de junio concluyera la fase de declaraciones, donde comparecieron los acusados que optaron por declarar una vez celebradas las pruebas testificales y periciales. Entre ellos se encontraban la exdirectora general de Minas de la Junta, María José Asensio Coto, y el expresidente de la SEPI, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, en su momento secretario general de la Consejería de Innovación. Ambos negaron haber influido con instrucciones o indicaciones en el trabajo de la comisión técnica o la mesa de contratación, y denunciaron errores e inconsistencias en la denuncia de Emerita.
En etapas anteriores del proceso ya habían testificado la mayoría de los implicados, entre ellos funcionarios de la Junta y los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, vinculados al grupo Magtel, empresa matriz de Minorbis. La Fiscalía, cabe recordar, no ejerce acusación al no apreciar ilícito penal.
Este caso gira en torno al procedimiento licitador impulsado por la Junta de Andalucía en la década pasada para otorgar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, paralizada desde el desastre medioambiental de 1998 provocado por la rotura de la balsa de residuos tóxicos de Boliden-Apirsa.
En dicho concurso, solo participaron dos candidatos: Minorbis, respaldada financieramente por Grupo México, y Emerita Resources, vinculada al fondo Forbes & Manhattan. Esta última, tras no resultar adjudicataria, llevó el asunto ante los tribunales por lo Penal y por lo Contencioso-Administrativo, asegurando que su oferta superaba ampliamente en inversión y beneficios sociales a la propuesta ganadora. La denuncia incluía una acusación contra Mario López Magdaleno, quien presuntamente habría pedido a Emerita un 15% del negocio a cambio de garantizar la adjudicación, afirmando tener “la llave del concurso”.
Durante el juicio, los funcionarios de la Junta insistieron en que el proceso se desarrolló con plena independencia y rigor técnico, subrayando que la evaluación priorizaba factores ambientales debido al precedente de la catástrofe ecológica, y que solo cuatro de los quince criterios del baremo eran de carácter económico.
Por su parte, un agente de la UDEF señaló irregularidades en las valoraciones técnicas, mientras que los responsables de Magtel negaron haber recibido trato preferente y rechazaron cualquier vínculo personal con los técnicos evaluadores. Argumentaron, además, que la facturación de sus empresas con la Junta apenas representa un 1% de su negocio.
Desde la UCO de la Guardia Civil también se descartó la existencia de contraprestaciones económicas o influencias indebidas entre los acusados, a pesar de constatarse numerosos correos electrónicos entre responsables de Magtel y el exsecretario general Vicente Cecilio Fernández. La información contenida en dichos mensajes no se consideró relevante ni incriminatoria, algo que también se observó en los intercambios entre Emerita y la administración andaluza.
Emerita, sin embargo, ha mantenido su acusación en el juicio, reiterando que su propuesta era la mejor y denunciando supuestas maniobras irregulares por parte de los adjudicatarios y funcionarios públicos.
Cabe recordar que la magistrada instructora del caso, Patricia Fernández Franco, ya decretó el sobreseimiento en dos ocasiones a petición de la Fiscalía. No obstante, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, con la magistrada Mercedes Alaya entre sus miembros, ordenó reabrir la causa tras estimar los recursos presentados por las acusaciones particulares y populares. Esos recursos dieron pie al juicio actual, que encara ahora su recta final sin acusación por parte del Ministerio Público.
