La alcaldesa de Níjar (Almería), Esperanza Pérez (PSOE), ha dicho este lunes que sólo 16 de las 80 personas que se encuentran en la actualidad en el centro de acogida temporal que se puso en marcha tras el desalojo del poblado chabolista de ‘El Walili’ tienen papeles, por lo que se trabaja ahora en una solución para que el resto pueda acceder a un alquiler.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Almería, donde ha apuntado que las 16 personas con documentación no tienen “problema”, ya que los empresarios para los que trabajan “asumirán el pago del alquiler y lo detraerán del salario que se les paga”, para que puedan residir en una de las 62 viviendas en alquiler a precio asequible en construcción en ‘Los Grillos’.

Inmuebles protegidos que cuentan con una subvención de 1.547.351 euros correspondientes a la tercera convocatoria del Programa de Fomento del Alquiler de la Junta de Andalucía.

Según ha explicado la regidora, se estudia la posibilidad de firmar convenios con las ONG que colaboran con el Ayuntamiento para asignar “soluciones habitacionales suficientes” para dar una “salida” a estas personas.

No obstante, ha señalado que además de esto se quiere plantear una propuesta para solucionar situaciones que se producen “en todo el territorio”, ya que este problema “no es una cosa sólo de Níjar”.

Ha explicado que por ejemplo, esta falta de documentos entra en conflicto con los requisitos para adjudicar las soluciones habitacionales de ‘Los Grillos’. “Esas personas se encuentran ahora mismo en una situación en la que tienen una espera de tres años para poder trabajar. Tenemos que buscarles también una solución”, ha insistido.

“Con eso estamos trabajando y próximamente daremos a conocer la propuesta que vamos a hacer. Porque es un tema que, en vez de mirar hacia otro lado, tenemos que abordarlo porque la situación le afecta a muchísima población inmigrante que está en España”, ha incidido.

De hecho, Pérez ha concretado que está prevista una reunión con la Consejería de Fomento de la Junta para presentar esta propuesta y abordar los requisitos necesarios para acceder a las viviendas sociales en régimen de protección, porque sus características son “distintas” a las previstas.

Con todo, el gobierno local continúa su labor con ONG como Médicos del Mundo, Cepaim, Almería Acoge o Cruz Roja para abordar el protocolo personalizado de atención a los inmigrantes que residían en ‘El Walili’ hasta su derribo el pasado mes de enero.

Ha aclarado que de los 80 usuarios del centro temporal de acogida, algunos han tenido que ser derivados a servicios sanitarios u otro tipo de recursos, ya que incluso había personas con alguna discapacidad, para poder atenderlas “en todas y cada una de las necesidades que tienen” desde el ámbito social.

“Algunos también pretenden salir fuera del país y estamos tramitando la posibilidad de ponerlos en contacto con aquellas personas para tramitarle esos desplazamientos hacia los lugares que ellos están solicitando”, ha abundado.