La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha afirmado estar "muy tranquila" en relación a la denuncia interpuesta por el PSOE en el año 2021, que ha dado lugar a la apertura de diligencias en un juzgado de Almería, en relación a las obras efectuadas mediante un procedimiento de "emergencia" en la depuradora de El Bobar a través de contrataciones directas por más de cinco millones de euros, lo que conforme a la versión de los denunciantes, podría ser susceptible de un delito de prevaricación ante el procedimiento seleccionado.
En un comunicado, el Ayuntamiento ha incidido en que estas obras se realizaron "con carácter de emergencia" dado el "riesgo" que suponía la "degradación de los digestores, con fisuras y grietas provocadas por sus más de 25 años de antigüedad, originándose vertidos de fango y emisiones de gases a la atmósfera".
En esta línea, han recordado la justificación que en Pleno de noviembre de 2018 dio al respecto el entonces concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Almería, el actual concejal de Presidencia y Función Pública, Juan José Alonso, cuando apuntó que la obra se hizo de este modo "además de por cuestiones de seguridad laboral y medioambientales, para dar cumplimiento con los parámetros exigidos por la Junta de Andalucía respecto a la depuración de aguas residuales".
Vázquez ha expresado su confianza en la justicia en base a estas argumentaciones y la forma en la que se llevaron a cabo las contrataciones. "Todos los expedientes del Ayuntamiento llevan sus informes pertinentes, económicos y jurídicos" y, a partir de ahí, "que todo siga su trámite porque confío en la justicia", ha dicho.
La denuncia de los socialistas se basa en tres obras de emergencia realizadas entre 2015 y 2018 aprobadas en junta de gobierno local, si bien se ha dirigido únicamente contra el exalcalde de Almería y actual consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, la candidata a la Alcaldía de Almería, María del Mar Vázquez, el actual parlamentario del PP Manuel Guzmán y el concejal Juan José Alonso --por entonces responsable de Servicios Municipales--, al considerarlos como "responsables" de dichos contratos.
Así, han recalcado que los contratos se realizaron por el procedimiento de emergencia, esto es, "sin concurso, sin publicidad y sin concurrencia" a pesar de que "tal emergencia no estuvo suficientemente justificada", con lo que la denuncia ha derivado en un procedimiento en el que han declarado ya varios técnicos municipales como "testigos".
En concreto, se trata de las obras realizadas en el digestor B de fangos primarios de la EDAR de El Bobar, la obras de rotura en el digestor primario A y las obras para la renovación de láminas de cubierta e impermeabilizado del depósito de la membrana de Aguadulce; esta última con hasta tres presupuestos distintos de 69.000 euros en 2005, 144.000 euros en 2014 y 1.129.000 en una certificación final, lo que ha conllevado la ampliación de la denuncia.
"Fueron tres actuaciones que tuvieron un presupuesto de más de cinco millones de euros y que se tramitaron por el procedimiento de emergencia cuando, según la información recopilada y puesta a disposición del juzgado, ninguna de esas obras cumplía los requisitos para ser declarada de emergencia y por tanto ser adjudicada a dedo", ha dicho por su parte la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, quien cree que las adjudicaciones fueron realizadas de forma directa para el beneficio de Aqualia.
