La Audiencia Provincial de Almería ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio contra ocho personas acusadas de integrar una red que presuntamente facilitó la entrada irregular de decenas de migrantes sirios y argelinos por las costas almerienses para su posterior traslado a otros países europeos, en una actividad que se habría desarrollado entre 2022 y 2023, y que ha comenzado con la conformidad de tres de los procesados tras reconocer los hechos.

En concreto, tras la rebaja de la petición de penas por parte de la Fiscalía, M.B. ha aceptado seis años de cárcel, mientras que M.C.M.C. y A.C. han asumido cuatro años cada una. En el caso de M.C.M.C., su defensa ha presentado un informe psicológico que acredita una discapacidad psíquica, por lo que podría evitar el ingreso en prisión.

El resto de acusados, entre ellos el supuesto cabecilla E.M.F., junto a S.C., R.A., Y.O.K. y Y.B., han rechazado el acuerdo y se enfrentan a penas que oscilan entre siete y once años de cárcel, según la petición inicial del Ministerio Público.

El escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, detalla que la red operaba "mediante un sistema estructurado, concatenado y temporalmente estable" desde septiembre de 2022, coordinando con contactos en Argelia las salidas de embarcaciones tipo patera con destino a las costas de Níjar, en puntos próximos a San José y San Isidro.

Una vez en tierra, los acusados se habrían encargado de recoger a los migrantes, alojarlos temporalmente en viviendas y garajes, y organizar su traslado hasta Cuenca para facilitar su posterior salida hacia Alemania, Francia o Luxemburgo en vuelos regulares adquiridos a través de agencias o plataformas online.

En esta primera sesión, el abogado de E.M.F., José Miguel Ramos, ha solicitado la nulidad de las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación, petición a la que se ha sumado la defensa de Y.O.K., representado por la letrada Piedad Moreno, junto a otros letrados que han anunciado su intención de ampliar sus argumentos en las siguientes sesiones.

El Ministerio Público detalla en su escrito que cada acusado tenía una función concreta en la organización. Así, E.M.F. y M.B. habrían actuado como "líderes y organizadores", dando instrucciones al resto y gestionando los desplazamientos y cobros. S.C., alias 'Slowo', se habría encargado de "las labores de conductor, vigilante y enlace con Argelia".

Por su parte, R.A. gestionaba las reservas de vuelos y la manutención de los migrantes. M.C.M.C. facilitaba alojamientos, comida y billetes de avión, mientras que Y.O.K. alquilaba vehículos para los traslados y A.C. y Y.B. ofrecían sus domicilios y garajes para alojar a los recién llegados.

Según la acusación, el grupo cobró entre "600 y 950 euros" por cada migrante trasladado y usó sistemas como Hawala, RIA y Western Union para recibir el dinero desde Siria, Argelia o Europa. Además, la organización pagó algunos de los billetes de avión "a través de agencias de viajes y plataformas online" con los datos personales y bancarios uno de los acusados.

Las pesquisas de la Guardia Civil, a través del grupo especializado en inmigración irregular UCE-3, permitieron documentar la actividad del grupo mediante "intervenciones telefónicas, seguimientos y registros" en Almería y Cuenca.

Durante estos dispositivos, los agentes intervinieron móviles, documentación, vehículos y efectos relacionados con la trama, según consta en el sumario. La defensa, sin embargo, ha puesto en cuestión la legalidad de estas pruebas, lo que podría condicionar el desarrollo del juicio.