Los 28 acusados juzgados este martes acusados de integrar un red de explotación sexual a través de 13 clubes de alterne diseminados por el Poniente almeriense en los que se identificaron a 165 mujeres de nacionalidad rusa captadas en su país de origen han reconocido los hechos y han aceptado penas de entre cuatro meses y dos años de prisión, así como multas económicas, en función a los delitos de coacciones, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y relativos a la prostitución.

El fiscal ha elevado a definitivo su escrito de acusación al que se han adherido todas las partes y que ha sido modificado mediante la aplicación de atenuantes de dilaciones indebidas cualificadas, dado que los hechos tuvieron lugar entre 2007 y 2008 --lo que ha permitido rebajar en un grado las penas--, y la modificación del Código Penal en relación al delito 318 bis, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que tras la reforma prevé penas de entre tres meses y un año de cárcel.

Fuentes de la Fiscalía han señalado la imposibilidad de recalificar los hechos bajo el delito de trata de seres humanos, que entró en vigor con posterioridad. Asimismo, por cada uno de los delitos de prostitución se ha solicitado un año de prisión y un mes de multa. Ante esta situación y la falta de antecedentes penales por parte de los 28 acusados, quienes en sus casos han respondido a indemnizaciones de entre 3.000 y 1.500 euros, las penas podrían ser conmutadas para eludir el ingreso en un centro penitenciario.

No obstante, durante la vista oral todos y cada uno de los condenados han reconocido su participación y proceder en los hechos según el escrito del fiscal, quien los señaló como miembros de una red de prostitución que se habría servido de contactos comunes para la puesta en marcha de locales ubicados en Roquetas de Mar, Vícar y El Ejido, especialmente en el núcleo de Santa María del Águila.

El procedimiento y la actuación policial desarrollada en cuatro fases en el marco de la operación 'Zarpa' llegó a contar con 40 procesados, si bien únicamente se pudo formular acusación contra 29 de ellos, uno de los cuales se encuentra en rebeldía y no ha podido ser juzgado.

Inicialmente el Ministerio Público llegó a solicitar hasta 33 años y medio de prisión para J.M., la gerente de uno de los locales que obligó a prostituirse a nueve mujeres, quienes, como el resto, debían abonar una "deuda" por los gastos derivados del viaje y la estancia que oscilaba entre los 750 y los 1.800 euros.

La investigación identifica distintos estratos entre los supuestos miembros de la trama, que van desde los dueños de los clubes, a los encargados, colaboradores y contactadores. Así, destaca el papel de algunos miembros, que mantenían "de forma estable numerosos contactos" en Rusia que les permitían captar a las chicas tanto para un club propio como para terceros.

El fiscal señala que las víctimas "no tuvieron otra salida que acceder a lo establecido" por los propietarios de los clubes una vez que llegaban a España "dada su situación económica difícil", el "desconocimiento del idioma" y la "ausencia de personas conocidas o amigas que pudieran ayudarlas", lo que se unía a su situación "ilegal" que les impedía aspirar a otros empleos para abonar la "deuda". En este sentido, sus captores se quedaban con sus pasaportes y el dinero que ganaban en el club.

Los prostíbulos fueron intervenidos y desmantelados entre febrero de 2007 y julio de 2008 por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) bajo mandamiento del Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido (Almería), si bien algunos de ellos operaban desde 2004, según se desprende de la fecha de captación de las mujeres.

ENTRADA POR MADRID Y ALICANTE

La mayoría de ellas entraron en el país con un visado de turista y billetes de avión para desembarcar en los aeropuertos de Madrid o Alicante, principalmente, gracias la "colaboración directa" entre personas vinculadas a los clubes y otras no identificadas en Rusia, cuya misión era la de localizar mujeres y "ofrecerles trabajo en España con promesas de mejorar su condiciones económicas".

No obstante, al llegar y ser conducidas hasta Almería, eran conocedoras de que debían alternar con clientes en los locales para que tomaran copas y "en su caso, mantener relaciones sexuales con estos" sin poder "elegir libremente". Eran los encargados de los locales --"en muchos casos los titulares del negocio"-- los que se quedaban con el dinero pagado por el cliente por las consumiciones y el servicio sexual.

Las mujeres eran controladas tanto en el local en el que desempeñaban su trabajo como en las viviendas que se le asignaban y por las que debían pagar un alquiler que se acumulaba a su "deuda". Así, varios de los acusados, según la Fiscalía, eran los encargados de recoger y dejar a las chicas en las viviendas que eran alquiladas o se tenían en propiedad para tal fin.

Los agentes llegaron a intervenir en diferentes casas en zonas cercanas a los locales o en distintas poblaciones. En una vivienda en Santa María del Águila habilitada para "albergar a muchas chicas en condiciones de hacinamiento" hallaron "15 camas con literas, sin lugar para comer ni espacio suficiente para albergar a tantas personas".

Además, según las indagaciones realizadas en la fase de instrucción, los acusados habrían establecido un sistema de "multas" para las mujeres que no vistieran adecuadamente, ya que debían ir con "ropas sugerentes"; llegaran tarde a trabajar, no alternaran "adecuadamente" o salieran de la casa en la que estaban alojadas "sin permiso", puesto que "tenían prohibido" ir a la calle. Esto restaba capacidad a la hora de afrontar la "deuda" impuesta por los miembros de la red.

Algunas mujeres tras ser captadas y haber llegado a Almería lograron huir a su país después de conocer que debían prostituirse, de forma que se les otorgó protección para que "no recibieran represalias" de la organización. Las partes han renunciado durante la vista a los testimonios y a la prueba documental tras el reconocimiento de los acusados de los hechos.