La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha transmitido al Congreso de los Diputados que la necesidad de se "analice, y, en su caso, se rehabilite cuanto antes" la zona contaminada con radioactividad en la pedanía de Palomares, (Cuevas del Almanzora, Almería) para evitar "efectos inaceptables en las personas y en medio ambiente".
"Entendemos que siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el medio ambiente como llevan más de 50 años" sostienen los técnicos, que añaden la limpieza de estos terrenos, que abarcan unas 50 hectáreas, "debe realizarse sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EEUU se haga cargo o no de los residuos".
Al hilo de esto, indican que la "evolución" de los "radionucleidos Pu-239, Pu-240, Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241", tiene como consecuencia la "modificación del efecto radiológico, tanto en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento más dispersable a medida que van pasando los años".
Con fecha de 17 de diciembre y realizado en respuesta a varias preguntas que se formularon por parte de miembros de la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso, desde la ASTECSN critican que en Palomares se hayan tomado "medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos" y afirman que, si estos "existen, se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada".
INFORME ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL
El informe, consultado por Europa Press y que incluye un apartado específico relacionado con cuál debe ser la mejor actuación en la pedanía cuevana, ha sido aportado a la Audiencia Nacional (AN) para que lo incorpore, si procede, al procedimiento contencioso-administrativo que se sigue a instancias de Ecologistas en Acción para instar al CSN a fijar plazo para la ejecución del Plan de Rehabilitación de los terrenos contaminados de Palomares aprobado en 2010.
Los técnicos señalan que resulta "significativo" que el CSN "conozca" los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años y que los resultados generales de dichos análisis "que han debido tenerse en cuenta en las evaluaciones efectuadas por el regulador, se mantengan secretos y no disponibles cuando son la base para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos".
Apuntan, en esta línea, que el CSN "debe de poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos e instar y recomendar las acciones pertinentes" y que el Estado "debe proteger a su población en consecuencia y almacenar temporal o definitivamente los residuos".
Ponen como ejemplo de actuación sobre terrenos contaminados con población el que se realizó en las Islas Marshall motivado por los ensayos nucleares llevados a cabo allí por EEUU y donde las actuaciones de restauración y limpieza "se realizaron con transparencia y participación activa de la población afectada".
"Cuanto mayor sea la transparencia, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes. Los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica. El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y transparente", remarcan.
QUE ENRESA ASUMA LA TITULARIDAD DE LOS TERRENOS PARA LA LIMPIEZA
Los técnicos del CSN, que manifiestan que Palomares es un "problema de Estado", consideran que es el pleno quien debe "instar y supervisar" al Ciemat a aplicar el plan de restauración aprobado por el propio CSN y que, en caso de que el Ciemat no pueda o no quiera realizar esa tarea, el Gobierno "deberá tomar las medidas necesarias para que Enresa asuma la titularidad de los terrenos y ponga en marcha un plan de limpieza y restauración".
A raíz de este informe, Ecologistas en Acción ha solicitado a la sala una ampliación de hechos en el procedimiento contencioso-administrativo que se sigue en la Audiencia Nacional ya que los planteamientos de la ASTECSN sobre la solución técnica que considera "mas adecuada" para solucionar el problema de Palomares "coinciden plenamente, en todos sus puntos", con la demanda presentada por el colectivo conservacionista.
A lo largo del procedimiento, la Abogacía del Estado ha reconocido que el volumen de tierra contaminada con radioactividad a limpiar ha variado con respecto a lo previsto en el plan de rehabilitación aprobado en 2010 para la zona, pero ha negado que esto se deba a una modificación de los criterios radiológicos.
Ecologistas en Acción sostiene, sin embargo, que el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio de 2015, "modificó los criterios radiológicos a aplicar en Palomares y redujo la cantidad de tierra a tratar y tamizar de 50.000 metros cúbicos a 28.000 metros cúbicos aproximadamente", y, después, firmó el acuerdo para el traslado y almacenamiento de los residuos generados con EEUU, que habría condicionado la rúbrica a estos cambios "por motivos políticos, sin base científica".
La Abogacía del Estado argumenta, sin embargo, que en el transcurso del tiempo "se ha dispuesto de datos y medios para considerar situaciones más realistas, frente a las estimaciones más conservadoras utilizadas inicialmente para determinar los valores de concentración de actividad (niveles derivados) y que esto "incide en el volumen de tierra a retirar, sin que se haya producido modificación alguna en el nivel de intervención de 1mSv/año, valor mínimo" de radiación a percibir por la población.
"IMPOSIBILIDAD" DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS CLASIFICADOS
La Abogacía del Estado ha admitido, asimismo, en la causa la "imposibilidad" tanto de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos contaminados como de "fijar un plazo" para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter "preliminar" y solo esboza líneas generales sin dar "pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)".
Reconocía, en esta línea, que la "ayuda" de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de "importancia primordial para dar solución definitiva a este problema", ya que España "no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio" pero reveló que "no existe acuerdo para la gestión final de los residuos" generados.
Por último, afirmaba la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, "garantiza que actualmente no se supera la dosis" legal para los miembros del público y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado "tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo".
