La Policía Nacional ha desarticulado en Cuenca una organización criminal que captaba mujeres de la UE para introducir ciudadanos asiáticos y regularizar su situación administrativa en España y operaba en distintas partes del país, en una operación en la que han sido detenidas siete personas.

Según ha informado este viernes en una nota de prensa la Policía Nacional, el máximo responsable de la organización era un ciudadano indio que actuaba en Cuenca, que había captado a otro hombre de su misma nacionalidad en el municipio conquense de Motilla del Palancar, para el desarrollo de sus actividades delictivas.

La organización criminal captaba a mujeres de la Unión Europea que simulaban ser las supuestas cónyuges de ciudadanos de países asiáticos, para lo que les facilitaba un certificado falso como documento para acreditar el vínculo matrimonial. 

Con este documento, las mujeres se desplazaban a España para hacer los trámites necesarios en las diferentes oficinas de extranjeros repartidas por toda España para obtener el correspondiente certificado de registro de la Unión Europea.

Una vez obtenido este certificado, los ciudadanos asiáticos hacían la solicitud de residencia temporal de familiar de registro de la Unión Europea y aportaban certificados de empadronamiento y certificados de matrimonio falsos.

Asimismo, la organización criminal aportaba a los solicitantes del permiso los pasaportes de las mujeres comunitarias con las que supuestamente habían contraído matrimonio.

Las investigaciones han determinado que una treintena de personas han sido empadronadas fraudulentamente tanto en Cuenca como en Motilla del Palancar por los integrantes de la organización, aunque ninguna de ellas residía en el domicilio donde eran empadronadas. 

El máximo responsable del grupo criminal se aprovechaba de la precaria situación económica de los moradores de estos domicilios, a los que conoció en un matadero próximo a Cuenca, y les ofrecía cantidades de dinero para que aceptaran empadronar a las parejas de ciudadanos extranjeros en su vivienda.

A su vez, cobraba entre 12.000 y 15.000 euros por realizar todos los trámites.

La organización actuaba en diferentes puntos de la geografía nacional, como Alicante, Barcelona y Almería, ha indicado la Policía Nacional, que ha añadido que la actividad delictiva se habría extendido a otros países del entorno, como Portugal.