El portavoz de Vox en la Diputación de Almería, Juan Francisco Rojas, ha lamentado este miércoles que el PP "trate de imponer" la "falta de transparencia" en la comisión de investigación sobre el caso 'Mascarillas'.
En un comunicado, ha explicado que, en el transcurso de la sesión, ha solicitado la comparecencia de varias personas para declarar, entre ellas la del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; el anterior presidente, Gabriel Amat; y representantes de las mercantiles implicadas en los expedientes, y "han sido todas denegadas".
"Hoy ha quedado demostrada la falta de transparencia del equipo de gobierno del Partido Popular de la Diputación de Almería ante un posible caso de corrupción" ha afirmado Rojas, quien ha indicado que "los representantes del PP "han tratado desde el principio de obstruir los trabajos del resto de diputados que formamos parte de esta comisión, además se niegan a comparecer y dar las pertinentes explicaciones".
Asimismo, Rojas ha apuntado que el PP quiere "eludir las responsabilidades políticas del caso no dando explicaciones", pero sin embargo "admite las comparecencias de los funcionarios, cuando su labor está perfectamente acreditada".
Rojas ha lamentado que el PP se haya negado a llamar a declarar al propio presidente de la Diputación.
"La presencia de Javier Aureliano García está más que justificada, ya que fue él quien firmó uno de los contratos con la empresa de la supuesta trama corrupta", ha dicho para añadir la "decisión no es coherente con las palabras del propio presidente que en el pasado Pleno afirmó que facilitarían los trabajos de la comisión".
Para Rojas, "Ha quedado demostrado que se trataba tan solo de palabras huecas para salir del paso sin ninguna intención de aclarar las responsabilidades políticas en un supuesto caso de corrupción"
Vox ha recordado que propuso formar esta comisión de investigación, y fue apoyada por todos los grupos políticos, tras la detención del vicepresidente tercero de Diputación, Óscar Liria, en el caso Mascarillas y al que la Fiscalía imputa a los investigados la presunta comisión de delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la administración pública.
