El programa del PSOE de Andalucía a las elecciones de 19 de junio del Parlamento de Andalucía reclama en el apartado de la financiación autonómica "revisar la definición de la población ajustada", un parámetro sobre el que el Gobierno envió una propuesta a las comunidades, por estimar que es "un elemento clave en el reparto de los recursos del sistema de financiación entre las comunidades", al tiempo que reivindica que "el Gobierno de España es el que ha proporcionado la mayor financiación de la historia a la Comunidad Autónoma de Andalucía".
Con la premisa de que el modelo de financiación es "la clave de bóveda de la arquitectura constitucional de un Estado descentralizado" como España, el PSOE-A dedica un epígrafe en su programa electoral a la financiación autonómica bajo el título 'Sí a una financiación más justa para Andalucía'.
Como principios generales plantea "considerar los saldos presupuestarios como instrumentos de estabilización", junto con "establecer techos de déficit y gasto que se correspondan con la situación del ciclo económico"; "delimitar mejor las competencias exclusivas de cada nivel de administración"; o "crear mecanismos de solidaridad que garanticen la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades".
Tras reconocer que "el actual sistema está vencido desde finales de 2013", el PSOE-A lamenta que "los sucesivos gobiernos del PP mostraron una incapacidad absoluta para avanzar en su revisión y reforma", mientras que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez que en 2018 "adquirió el compromiso de consensuar un nuevo sistema", propósito frustrado porque "el último año y medio se ha tenido que dar prioridad a la gestión de la pandemia provocada por la Covid-19, que ha requerido una enorme inyección de recursos".
En este punto esgrime el esfuerzo del Gobierno por cuanto "ha asumido en su totalidad el coste y el endeudamiento que ha supuesto la crisis y ha transferido a las comunidades la totalidad de recursos necesarios para hacer frente al incremento de los gastos sanitarios, sociales y económicos".
LA HOJA DE RUTA: EL DICTAMEN DEL PARLAMENTO DE 2018
Después de apuntar la necesidad de "corregir las ineficiencias y las inequidades" del modelo de financiación, el PSOE-A reconoce como su hoja de ruta para reformar el sistema el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública, a partir del informe del grupo de trabajo sobre financiación autonómica, que aprobó el Parlamento de Andalucía en marzo de 2018.
En ese sentido el programa socialista señala que el cambio de la financiación autonómica debe descansar en "dirigirse a las personas y no a los territorios" con la premisa de que "todas las personas tienen derecho a recibir los mismos servicios públicos", con independencia de "su lugar de residencia, sin que aparezca como determinante su capacidad fiscal".
"Garantizar una reasignación suficiente de los recursos disponibles entre los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con las competencias de gasto de cada uno", argumenta el programa de los socialistas andaluces, que demanda "procurar la nivelación del gasto público total por habitante en función de las competencias transferidas".
El PSOE-A pide "establecer diferentes porcentajes de cesión en el IRPF" que estima la vía para "conseguir la igualdad en la autonomía financiera de las comunidades y en su potencial cumplimiento de la responsabilidad fiscal".
El programa socialista para las elecciones andaluzas plantea "aumentar las dotaciones del Fondo de Compensación Interterritorial", instrumento de nivelación de recursos entre las comunidades, del que lamenta que "ha perdido importancia a lo largo de los años" con su repercusión consiguiente en "el avance de la convergencia regional en renta y PIB por habitante".
"Todo ello de forma complementaria y adicional a la necesaria asignación de fondos europeos a Andalucía que van dirigidos a contribuir a lograr una mayor convergencia económica y social con la Unión Europea", considera el PSOE-A.
FINANCIACIÓN LOCAL: ÍNDICE MIXTO EN LA PIE
El PSOE-A aborda en su programa la financiación municipal, terreno donde asegura que "defenderemos desde la Junta de Andalucía y ante el Gobierno de España que es necesario establecer un nuevo sistema de financiación local que asegure recursos suficientes para desarrollar sus competencias", y plantea, en primer término, "garantizar la suficiencia de las corporaciones locales".
La suficiencia de las corporaciones locales considera que requiere revisar la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que pide "aumente de acuerdo con un índice mixto que combine los ingresos de los tributos del Estado y el PIB nominal", al que suma considerar su peso en los ingresos de la Comunidad tras señalar que su peso en 2018 era de un 1,38% y ha bajado al 1,26% en 2021, así como afrontar la rémora de "las competencias impropias de las corporaciones locales que asumen sin la financiación adecuada".
Para la mejora de la autonomía tributaria local el PSOE propone "la ampliación de las horquillas entre las cuales poder elegir los tipos de tributos locales"; "la cesión municipal sobre otros impuestos" y compensar a los ayuntamientos por la modificación de tributos que gestionen ellos.
El PSOE-A apuesta en su programa por "flexibilizar la regla de gasto para evitar que se desperdicien recursos presupuestarios y no se puedan ejecutar los programas de inversión", así como por "el uso de los remanentes de forma planificada, estableciendo estrategias de largo plazo en la reducción del endeudamiento".
"Eliminar las limitaciones de contratación de personal por parte de las corporaciones locales puesto que la introducción de las tasas de reposición y el límite al crecimiento de los gastos de personal han obligado a la externalización o limitación en la provisión de muchos servicios públicos necesarios", es otra reclamación del programa socialista sobre la gestión municipal.
El PSOE-A demanda también "reformar las políticas de prestación indirecta de servicios sociales y los planes de empleo municipales de la Junta de Andalucía", por cuanto recaen sobre los municipios, y que los ayuntamientos "puedan introducir bonificaciones o rebajas fiscales motivadas por vulnerabilidad económico social de familias en los principales tributos y tasas".
