Desmantelan una red que se dedicaba a las viviendas ilegales en Los Desmontados

La unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha desmantelado una organización dedicada a la construcción de viviendas en El Puerto, la denominada Operación Juncal, en la que han sido detenidas tres personas e imputadas otras 25 más. Según las fuentes consultadas por este medio, hace dos semanas que se procedió a ello, por lo que salieron en libertad con cargos, siendo la mayoría de Chiclana.

En la causa están encartadas estas 28 personas por su presunta participación en los delitos de ordenación del territorio, falsedad documental, estafa, desobediencia, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita y alzamiento de bienes, todo ello por la construcción de préstamos hipotecarios sobre estas viviendas con tasaciones fraudulentas, en el conocido como pago Los Desmontados.

El grupo de Medio Ambiente y Urbanismo de la Policía Nacional adscrita a la Junta ha desarrollado esta operación desde el pasado julio bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto, Juan José López Marchena, que ha mantenido las diligencias bajo secreto de sumario hasta hace pocos días.

Además, según las fuentes de este medio, aún se está a la espera de recibir distintos informes de la policía para poder cerrar esta instrucción, con el fin de que pase a juicio lo antes posible. En la operación también se contó con la colaboración del grupo Udyco III de la Comisaría de Cádiz, a quien el juez encargó la investigación de un supuesto blanqueo de capitales que habría sido cometido por esta organización desarticulada.

Entre las 28 personas detenidas e imputadas se encuentran el promotor-constructor, cuatro arquitectos, el director de una entidad bancaria, el jefe de obras, cuatro personas interpuestas que actuaban como testaferros para la obtención de préstamos hipotecarios y un funcionario. La organización estaba estructurada de forma piramidal constituyendo una asociación ilícita integrada principalmente por tres personas, el promotor, el jefe de obras y uno de los arquitectos, ya detenidos en reiteradas ocasiones.

El juzgado encargó las actuaciones a la unidad de Policía Nacional adscrita a Cádiz por las construcciones ilegales realizadas en Los Desmontados y que afectaba a un total de trece chalets con parcelas de aproximadamente 350 metros cuadrados, dos parcelas pendientes de construcción, siendo la superficie total de la zona donde se ubican éstas de cinco mil metros cuadrados, y el valor estimado de venta podría alcanzar la cantidad de cuatro millones de euros.

Informes falsos

Las pesquisas policiales han determinado en que 2002 la empresa Los Viñazos adquirió la práctica totalidad de la parcela de 5.000 metros cuadrados a muy bajo precio, ya que estaba catalogado como suelo de sistema general de equipamiento con la calificación de uso dotacional deportivo, y donde no estaba autorizada la construcción de viviendas. La finca fue sometida a división horizontal con una certificación falsa que permitió dividirla en catorce viviendas registrales con una antigüedad de cinco años y que no existían en la fecha de constitución de dicha escritura. A continuación, la organización inició la construcción de distintas viviendas unifamiliares aisladas o chalets y su venta a particulares, algunas de ellas puramente ficticias para eludir los expedientes administrativos del Ayuntamiento. Incluso llegaron a ofrecer viviendas a familias en precario para su ocupación como vivienda habitual y así evitar el precinto de las mismas, aún en fase de terminación.

La ya reseñada empresa Los Viñazos solicitó préstamos hipotecarios sobre cada una de las viviendas a construir, por un montante de un millón doscientos mil euros. Para avalar estas operaciones crediticias presentó informes de tasación falsos, realizados en algunos de los casos sobre viviendas inexistentes, y en casi todos los supuestos falseando la antigüedad de construcción. Actualmente, de los préstamos hipotecarios concedidos, siete de ellos dejaron de abonarse, ocasionando un perjuicio patrimonial a la entidad bancaria superior a los 800.000 euros y dos de ellos fueron liquidados.