El expresidente andaluz José Antonio Griñán solo tiene una opción para evitar entrar en la cárcel para cumplir una condena de 6 años por el caso de los ERE: el recurso de súplica, una iniciativa que su abogado tendrá que presentar en dos días una vez que la Audiencia de Sevilla ha ordenado hoy su ingreso en prisión.

Lo previsible es que el recurso de súplica lo presenten tanto Griñán, también condenado a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta, como los otros siete ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados a penas de cárcel en la denominada pieza política de los ERE, la que afecta al sistema de reparto de fondos públicos para empresas en crisis.

Este recurso, en principio, no supone la suspensión del plazo de diez días concedido por la Audiencia para que los penados entren en prisión, han informado a EFE fuentes judiciales.

Sin embargo, lo habitual es que el tribunal resuelva el recurso de súplica antes de fijar el plazo de diez días para que los condenados decidan en qué prisión cumplir la pena, lo que la Audiencia ha decidido sin esperar a que se resuelva la petición de indulto, han añadido las mismas fuentes.

La resolución de este recurso puede tener una duración variable y las mismas fuentes han señalado que si se rechaza, como suele ser habitual, a finales de noviembre o principios de diciembre los ex altos cargos de la Junta condenados podrían entrar en la cárcel, normalmente la más cercana a sus familiares.

De los 15 condenados en la primera pieza de los ERE enjuiciada, nueve incluyen penas de prisión de entre tres y siete años, y la Audiencia solo suspende la ejecución de la pena privativa de libertad al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez, el que tiene la pena más baja (tres años), mientras se tramita su solicitud de indulto.

La Audiencia ha comunicado el ingreso en prisión de los primeros condenados por el caso ERE a través de Lexnet, el sistema informático interno del sistema judicial, lo que acelera la notificación porque se dirige directamente a los abogados y procuradores personados.

Otro sistema de notificación, también de uso habitual aunque más lento, es comunicar la decisión judicial al Colegio de Procuradores, que luego hace el reparto de la decisión del tribunal a los representantes de los afectados.

En esta pieza de los ERE fueron condenados a penas de cárcel el expresidente Griñán, cuatro exconsejeros, dos exviceconsejeros y dos ex directores generales, mientras que el expresidente Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación especial pero no a prisión.

La condena más alta fue para Antonio Fernández García, ex consejero de Empleo, al que el tribunal impuso 7 años, 11 meses y un día de prisión así como inhabilitación absoluta durante 19 años, 6 meses y un día.

A José Antonio Viera Chacón, ex consejero de Empleo, se le impuso una pena de 7 años y 1 día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día; y a Francisco Vallejo Serrano, ex consejero de Innovación, la pena fue de 7 años y 1 día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día.

Agustín Barberá Salvador, ex viceconsejero de Empleo, fue condenado a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día; mientras que Miguel Ángel Serrano Aguilar, ex director general de la agencia IDEA (la entidad pública pagadora de los ERE), fue condenado a 6 años, 6 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta durante 17 años y un día.

El tribunal condenó a Jesús María Rodríguez Román, ex viceconsejero de Innovacióna, a 6 años y 2 días de prisión y a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta; y para Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Economía, la pena fue de 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días.