A juicio del teniente de alcaldesa y responsable del área de Hacienda y Patrimonio, José Blas Fernández, uno de los puntos más preocupantes de la nueva norma es que todo lo que se ahorre del gasto de personal tendrá que ir destinado a sanear el remanente negativo de tesorería y a reducir el endeudamiento de los ayuntamientos. Y no sólo eso, “este decreto impedirá que se finalicen operaciones de crédito que estén actualmente en trámite”.
Según José Blas Fernández, con esta medida el Ejecutivo condena a los ayuntamientos a no contraer ningún préstamo, “y esto es acabar con las corporaciones locales, porque tendremos que dejar de pagar a los proveedores hasta final de año para poder llevar el resto de las medidas a cabo”.
Para el concejal, esta normativa es “contraria a derecho, a la autonomía financiera local que establece la Constitución Española, y a la Ley de Presupuestos del Estado de 2010 que ampliaba el margen de endeudamiento de los municipios”.
Eso sí, el edil descartó que en el caso de Cádiz, estas medidas puedan afectar en el pago de las nóminas de los empleados municipales “lo que sí es verdad es que nos limitaremos a pagar la nómina del personal y se acabó”. José Blas augura que a este ritmo, los ayuntamientos de municipios pequeños tendrán que echar el cierre en tres o cuatro meses.
En lo que respecta a los proyectos municipales para el Bicentenario, Fernández aseguró que todo lo que estaba previsto seguirá adelante, porque ya están las operaciones cerradas, “lo que no vamos a poder ejecutar son los proyectos que vayan surgiendo a partir de ahora”.
El texto del real decreto señala que a partir de su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2011, “las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo”. Especifica que no podrán acudir a ese recurso “en cualquiera de sus modalidades para la financiación de sus inversiones ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización, o ambos”.
Además, el texto aclara que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en la Ley de Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.
Por su parte, los Técnicos de Hacienda (Gestha) afirmaron al respecto que el trato a los ayuntamientos no puede ser lineal y que no se puede hacer “tabla rasa” tengan o no déficit.
Ley de haciendas locales
Según Gestha, habría que aplicar la Ley de Haciendas Locales que exige una autorización del Ministerio de Economía y Hacienda para los ayuntamientos con déficit que quieran contratar un préstamo a largo plazo para financiar inversiones.
La Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) analizará hoy las medidas del real decreto-ley para reducir el déficit público que afectan a las entidades locales, entre ellas la rebaja del sueldo de los alcaldes y la limitación para pedir créditos. De los 34.594 millones de euros de deuda local, más del 80% corresponde a los ayuntamientos y mancomunidades.
