La Junta de Andalucía, a través del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC), ha sancionado con 10.000 euros a la empresa granadina Ambulancias Alhambra por haber presentado un recurso contra la decisión del Servicio Andaluz de Salud que adjudicaba definitivamente el servicio de transporte sanitario de la provincia de Granada a la UTE formada por Servicios Sociosanitarios Generales SL y Ambulancias M. Pascuau SL, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Según se recoge en la resolución, el TARC aprecia "temeridad y mala fe" en el recurso presentado por Ambulancias Alhambra dado que con su proceder estaba privando a la administración contratante de la posibilidad de ejecutar el fallo del TSJA, que ponía en marcha la nueva contratación del transporte sanitario en Granada y que, con la impugnación, se paralizó.
Además, el órgano administrativo rechaza por los mismos motivos y por falta de legitimidad otro recurso presentado en los mismos términos por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANAE).
El Tribunal Administrativo autonómico establece que la empresa recurrente podría haber utilizado otras vías legales, como la presentación de un incidente de ejecución de sentencia o la de un recurso de casación contra sentencia dictada si no se hubiera dejado firme.
El organismo asegura que la empresa era plenamente consciente que el recurso presentado por la vía administrativa bajo ningún concepto habría sido estimado en tanto en cuanto el hecho recurrido ya había sido juzgado.
La resolución del TARC señala que se trata de “un uso abusivo y torticero promoviendo un recurso especial carente de sustento que lo justifique”. Por este motivo, el tribunal ha inadmitido el recurso y fija que debe sancionarse la actuación de la empresa al haber utilizado la vía administrativa como cauce para impugnar la decisión del TSJA, que solamente podría haberse dilucidado en los tribunales de justicia.
LICITACIÓN DE 2018
El servicio de ambulancias de la provincia de Granada fue licitado por la Junta de Andalucía en 2018, resultando ser la adjudicataria, en un primer momento, Ambulancias Alhambra, pero tras la interposición de un recurso judicial de la empresa rival, formada por la UTE Servicios Sociosanitarios Generales SL y Ambulancias M. Pascuau SL, el alto tribunal andaluz, en diciembre de 2022, falló a favor de la empresa recurrente.
Este movimiento por parte de la unión de empresas dejó fuera a la empresa granadina, que también recurrió, aunque por la vía administrativa, con un recurso especial ante el tribunal que ahora se ha pronunciado, sancionando a Ambulancias Alhambra, finalizando, así, el conflicto legal entre ambas empresas.
El Servicio Andaluz de Salud fijó en 2018 que el contrato del servicio de ambulancias en la provincia de Granada, que comprende el transporte sanitario terrestre integral, tuviera una duración de cuatro años, pudiéndose prorrogar por un segundo periodo de cuatro años más, algo que sí ha sucedido. En total, el valor de la adjudicación alcanza los 123 millones de euros, a razón de más de 64 millones de euros por periodo.
