Según la consejera, el decreto regulador que aprobó ayer el Consejo de Gobierno permitirá crear cuatro tipos de comités de ética, dos dirigidos al ámbito asistencial y dos al biomédico, que ofrecerán valoraciones y recomendaciones a todo aquel paciente o familiar que lo solicite ante “problemas cotidianos” que se producen en el ámbito asistencial tanto en los centros públicos como privados, como es el caso de los pros y contra en un tratamiento, si una madre prefiere un parto natural en contra de la recomendación médica o un progenitor ni desea que su hijo reciba un tratamiento determinado.
Estos dos casos que puso como ejemplo normalmente llegan a los tribunales, según reconoció, comparándolo con el del brote de sarampión de Granada, aunque apuntó que los comités permitirán realizar un informe con criterios éticos que permitirán llegar a un acuerdo ante las partes, aunque como son recomendaciones “no vinculantes”, si persiste el conflicto, se acudirá a la justicia como viene siendo habitual.
La novedad de este decreto, primero en adaptarse a la normativa estatal, está en la separación de los comités de ética y los de investigación biomédica y tienen un plazo de seis meses para su constitución y acreditación. Así, habrá tanto en el ámbito ético como en el de la investigación dos comités de ámbito andaluz, mientras que podrá haber cuantos se constituyan de los niveles inferiores, uno por provincia como mínimo, aunque dependerá de la actividad propia de cada comunidad sanitaria. De hecho, actualmente hay diez de estos últimos configurados y en fase de obtener la acreditación.
En estos órganos estarán representados tanto los profesionales sanitarios como expertos en bioética y ciudadanos, cuya participación como miembros se articulará según el reglamento de cada uno y con un método similar al de la Ley del Jurado, según detalló Montero.
En cuanto a los comités de la investigación biomédica, la norma refuerza la evaluación tanto de los ensayos clínicos en seres humanos (que incluye cualquier tipo, no sólo los que se realicen con fármacos) como de aquellos otros proyectos que se realizan con muestras biológicas, con el objetivo de garantizar el escrupuloso respeto a los derechos de los pacientes y el marco ético y de responsabilidad social en todas las actividades de este tipo.
Según María Jesús Montero, la norma refleja un “sistema sanitario maduro”, propio de una “sociedad desarrollada” que respeta la autonomía de los pacientes y promueve un “entorno de diálogo”.
En todos los casos, se exige el mantenimiento de la privacidad y confidencialidad de toda la información que manejan.
