Sanz atribuye el caos en la Junta a las empresas públicas

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, atribuyó ayer al “caos” en la gestión económica de la Junta de las empresas públicas la deuda de 1.277 millones de euros alcanzada por estas en 2010, según el último informe sobre situación de endeudamiento.

Durante un acto con jóvenes de Nuevas Generaciones, Sanz ofreció los datos de la Oficina de Control Presupuestario “para alertar de que el capricho del sector público del Gobierno andaluz nos está costando un ojo de la cara y se está haciendo en contra del mantenimiento en sus funciones y los derechos de los funcionarios públicos”, resaltó.

Estos datos sitúan la deuda del total de empresas públicas y empresas asimiladas en 1.277 millones de euros, de los que 824 corresponden a agencias públicas empresariales y entidades de derecho público, entre las que destacan la Agencia Pública de Puertos, con un incremento del 34% en su deuda, y la Empresa Pública del Suelo, con un 15% más.

En sociedades mercantiles con participación mayoritaria directa de la Junta el importe de la deuda asciende a 242 millones de euros, según detalló Sanz, que resaltó la situación de Inturjoven, “que tanto escándalo está significando en la gestión de la Junta”, aseveró.

Las sociedades mercantiles con participación mayoritaria indirecta de la Junta alcanzan una deuda de 136 millones, con gestiones como las de Cetursa Sierra Nevada, el Parque Logístico de Córdoba, Santana Motor o la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Sadesi) con incrementos de deuda “verdaderamente espectaculares”, según Sanz.

En cuarto lugar ha citado la deuda de 36 millones de euros que presentan las fundaciones, entre ellas la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), “auténtico caos en la gestión por parte del Gobierno y motivo de escándalos continuos de enchufismo por parte del PSOE-A”, dijo.

Sanz situó el coste total en más de 5.000 millones, ya que, según explicó, a este endeudamiento hay que sumar las cantidades consignadas en los presupuestos y las encomiendas de gestión.

Mostró su “preocupación” ante las “consecuencias reales del caos económico en la gestión de empresas públicas”, al que unió una política de reordenación del sector público “previsiblemente inconstitucional” y “motivo de conflicto” con los funcionarios.