Así lo ha señalado la fiscal jefe de Granada, Ana Tárrago, en un encuentro con los periodistas, en el que ha informado de que cuatro de las archivadas lo han sido tras las conclusiones de la investigación policial y cuatro sin necesidad de más indagación, ya que el propio denunciante reconocía en su escrito la ausencia de información alguna sobre la supuesta sustracción.
Las ocho archivadas (siete procedentes de las que presentó la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares --Anadir-- y una de un particular) corresponden a fechas enmarcadas entre los años 1953 y 1966 y todas tienen el denominador común de falta de información, lo que ha derivado en la imposibilidad de determinar qué delitos se cometieron ni que personas pudieron ser las responsables. "La Fiscalía no puede investigar basándose en meras sospechas. Tenemos que tener más información", ha indicado Tárrago, que ha recomendado a los denunciantes acudir al Juzgado si no están conformes con el archivo decretado.
La Policía, que ha tomado declaración a los denunciantes y ha buscado información en los distintos hospitales de la provincia --Materno-Infantil, San Juan de Dios, Hospital Real o Clínico-- , ha concluido en alguno de los casos ya archivados que no se ha podido demostrar si la madre en cuestión dio o no a luz, si efectivamente la sustracción se hizo sin el consentimiento de la madre natural, o la identidad de los médicos o enfermeras participantes.
En una de las denuncias, los agentes han reconocido que la partida del bautismo del bebé supuestamente sustraído se alteró, si bien no se ha podido determinar quién lo hizo y con qué sentido, aunque en cualquier caso esto se enmarcaría dentro de un delito de falsedad que estaría ya prescrito por la fecha en la que fue supuestamente cometido. En otros, sólo se ha aportado un año, un hospital y el nombre de pila de la matrona que atendió a la madre, o se ha resuelto que no existe partida de defunción, ni historial médico, lo que, en opinión del Ministerio Público, es "insuficiente" para contemplar infracción penal alguna.
"Si no hay un mínimo de fundamento, no podemos hablar de infracción penal. En estos casos la fiscal no tiene datos suficientes para iniciar un proceso criminal", ha sostenido Tárrago, que ha alertado en ese sentido de la complejidad de este asunto, que se remonta a más de medio siglo antes.
De hecho, la fiscal jefe, que se encarga personalmente de este tema, ha resuelto archivar cuatro denuncias sin necesidad de oficiar a la Policía para que investigase, ya que los propios denunciantes reconocían que no existía ninguna información fehaciente sobre los posibles robos.
Ahora, la Fiscalía tiene que determinar qué hacer con el resto de las 21 denuncias con las que cuenta --la mayoría referentes a supuestas compraventas irregulares de niños--, y ha ordenado a la Policía, en la mayoría de los casos, seguir investigando y en otros, concretamente en cinco de ellos, ha citado la próxima semana en la sede provincial a los denunciantes para que le aporten datos más concretos sobre el hecho denunciado.
El pasado 18 de abril recibió las últimas 19 denuncias de Anadir, de las que ya ha archivado cuatro, mientras que las otras cuatro archivadas restantes corresponden al paquete de las ocho primeras denuncias que llegaron a Granada --una de ellas de un particular--.
