Denuncian que la AAA incumple sus propias resoluciones
Todavía no se ha demolido el muro que encauzó ilegalmente un arroyo en La Morla
Ecologistas en Acción ha denunciado el desvío de un arroyo sin autorización en el término municipal de Arcos, concretamente en la zona conocida como La Morla, cerca de donde la Consejería de Medio Ambiente custodia un pequeño pinar y existe un coto de caza.
El desvío se ha producido en un lugar de dominio público hidráulico; un hecho que ya fue denunciado por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y por la Guardería Fluvial. La obra promovida por un particular infringe a todas luces la Ley de Aguas, pues no sólo se realizó sin licencia alguna, sino que además se encauzó el arroyo con muros de hormigón en aproximadamente setenta metros, e incluso se construyó un puente y se modificó el trazado y la profundidad del cauce.
Además, estos trabajos dañaron la finca del vecino colindante, para así evitar inundaciones en la del presunto infractor. Según Ecologistas en Acción, hace dos semanas la delegada provincial de Medio Ambiente, ante la insistencia de los vecinos afectados que han tenido que contratar a una abogada arcense, envió un escrito informando que se encuentra en trámite un expediente de autorización de obras para demoler la obra ilegal realizada. Para los ecologistas es “muy lamentable” que los vecinos hayan tenido que contratar a una abogada para defender sus derechos y la Ley de Aguas, cuando la Agencia Andaluza del Agua (AAA) “debería de haber actuado hace más de diez años defendiendo la legalidad en la que es competente”.
Para Ecologistas en Acción, “la negligencia de la AAA en este caso ha sido muy considerable”, considerando que los vecinos afectados deberían denunciar al organismo perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta “por los daños y perjuicios ocasionados, ya que incluso han tenido problemas para poder acceder a la información administrativa”.
En la visita que un grupo de ecologistas realizó hace dos semanas a este lugar, comprobó “la desidia” de las administraciones contra la proliferación de construcciones ilegales, o contra la ocupación de vías pecuarias y caminos públicos, tal y como salta a la vista nada más pisar estos parajes colindantes con la carretera Arcos-El Bosque y la colada de Algar.
Así, observaron cómo se encuentran muy estrechadas por viviendas ilegales algunas vías pecuarias, como la colada de Arcos a Algar, o con vallas, con la consiguiente ganancia en superficie de finca, caso de la cañada de Las Abiertas; razón fundamental por la que un caballista pudo sufrir un grave accidente hace unas semanas, o el camino municipal de La Hijuela. La vía pecuaria El Cañuelo está cortada por una valla en la finca La Morla, aunque sí es utilizada por algunos cazadores. También comprobaron que siguen levantadas viviendas o construcciones ilegales en El Charcón o La Sierpes, mientras que no se devuelven los terrenos a su estado original, es decir, que no se ha restaurado el orden urbanístico.
Ecologistas en Acción señala que, “incluso cuando han sido consideradas ilegales por parte de la administración, o como los destrozos ocasionados en la construcción de unas pistas de pádel en los Llanos de la Huerta, estas construcciones siguen aún impactando en todo el valle que se observa desde la plaza del Cabildo -principal mirador de la ciudad-, sin que se haya obligado a su dueño a reparar el daño y devolver el terreno a su estado original”. Asimismo, el grupo también comprobó la existencia de núcleos de viviendas ilegales, como algunos de los mencionados anteriormente, con servicios municipales e incluso con discos de prohibido el paso para los no residentes.
La mayoría de estas irregularidades ya han sido denunciadas por los ecologistas. Por último, esperan que las nuevas autoridades locales cumplan escrupulosamente la Ley y que la administración andaluza, “que dice cuidar el medio ambiente, revise y controle su funcionamiento en el término de Arcos”.
El desvío se ha producido en un lugar de dominio público hidráulico; un hecho que ya fue denunciado por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y por la Guardería Fluvial. La obra promovida por un particular infringe a todas luces la Ley de Aguas, pues no sólo se realizó sin licencia alguna, sino que además se encauzó el arroyo con muros de hormigón en aproximadamente setenta metros, e incluso se construyó un puente y se modificó el trazado y la profundidad del cauce.
Además, estos trabajos dañaron la finca del vecino colindante, para así evitar inundaciones en la del presunto infractor. Según Ecologistas en Acción, hace dos semanas la delegada provincial de Medio Ambiente, ante la insistencia de los vecinos afectados que han tenido que contratar a una abogada arcense, envió un escrito informando que se encuentra en trámite un expediente de autorización de obras para demoler la obra ilegal realizada. Para los ecologistas es “muy lamentable” que los vecinos hayan tenido que contratar a una abogada para defender sus derechos y la Ley de Aguas, cuando la Agencia Andaluza del Agua (AAA) “debería de haber actuado hace más de diez años defendiendo la legalidad en la que es competente”.
Para Ecologistas en Acción, “la negligencia de la AAA en este caso ha sido muy considerable”, considerando que los vecinos afectados deberían denunciar al organismo perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta “por los daños y perjuicios ocasionados, ya que incluso han tenido problemas para poder acceder a la información administrativa”.
En la visita que un grupo de ecologistas realizó hace dos semanas a este lugar, comprobó “la desidia” de las administraciones contra la proliferación de construcciones ilegales, o contra la ocupación de vías pecuarias y caminos públicos, tal y como salta a la vista nada más pisar estos parajes colindantes con la carretera Arcos-El Bosque y la colada de Algar.
Así, observaron cómo se encuentran muy estrechadas por viviendas ilegales algunas vías pecuarias, como la colada de Arcos a Algar, o con vallas, con la consiguiente ganancia en superficie de finca, caso de la cañada de Las Abiertas; razón fundamental por la que un caballista pudo sufrir un grave accidente hace unas semanas, o el camino municipal de La Hijuela. La vía pecuaria El Cañuelo está cortada por una valla en la finca La Morla, aunque sí es utilizada por algunos cazadores. También comprobaron que siguen levantadas viviendas o construcciones ilegales en El Charcón o La Sierpes, mientras que no se devuelven los terrenos a su estado original, es decir, que no se ha restaurado el orden urbanístico.
Ecologistas en Acción señala que, “incluso cuando han sido consideradas ilegales por parte de la administración, o como los destrozos ocasionados en la construcción de unas pistas de pádel en los Llanos de la Huerta, estas construcciones siguen aún impactando en todo el valle que se observa desde la plaza del Cabildo -principal mirador de la ciudad-, sin que se haya obligado a su dueño a reparar el daño y devolver el terreno a su estado original”. Asimismo, el grupo también comprobó la existencia de núcleos de viviendas ilegales, como algunos de los mencionados anteriormente, con servicios municipales e incluso con discos de prohibido el paso para los no residentes.
La mayoría de estas irregularidades ya han sido denunciadas por los ecologistas. Por último, esperan que las nuevas autoridades locales cumplan escrupulosamente la Ley y que la administración andaluza, “que dice cuidar el medio ambiente, revise y controle su funcionamiento en el término de Arcos”.
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