El 90% de las personas gitanas piensa que se mantienen los discursos de odio contra ellas

El 90 % de las personas gitanas considera que en la sociedad actual se reproducen discursos de odio antigitanos y un 53 % afirman recibir un trato desigual, según el informe anual realizado por la Federación Estatal de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI).

El estudio correspondiente a 2024 contempla el abordaje de la discriminación por motivos étnicos y tiene como objetivo diagnosticar las condiciones de la vida de la población gitana y analizar la percepción de discriminación, para lo que se ha preguntado a 200 personas gitanas y 200 profesionales de sectores públicos y privados.

El informe revela que el 71 % de la población gitana se ha sentido discriminada y juzgada y que un 62,5 % de los comentarios que reciben son negativos, mientras el 8,6 % son positivos.

Además, según estas conclusiones, al 24 % le han acusado de un delito sin pruebas; el 29 % ha recibido un trato injusto por parte de la Policía, y al 31,6 % le han negado un aumento, una oportunidad laboral o un mejor puesto de trabajo por ser gitano.

El estudio señala que al 24 % de las personas gitanas le han negado la entrada a un bar o un restaurante y que las emociones más comunes a causa de la discriminación son el enfado, en un 67,6 % de los casos, y la frustración, en un 52,7 %.

Solo en un 13,6 % de los casos se presenta denuncia, de las que un 75 % no se resuelve a su favor, ya sea por demora, desistimiento o fallo en contra.

Un tercio de los profesionales -recoge el informe- afirma sentir estrés y desconfianza en el trato con personas gitanas en su puesto de trabajo y un 62,7 % han presenciado o experimentado situaciones en las que se realizaban comentarios desagradables hacia las personas gitanas en sus puestos de trabajo.

De ellos, el 2,8 % afirma haber denunciado la situación, mientras un 28,9 % desconoce la existencia de protocolos antidiscriminación.

El estudio, desarrollado con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, finaliza afirmando que existe una falta de acuerdo entre profesionales respecto a las medidas que suponen discriminación positiva, como planes para el acceso a la vivienda y cuotas de participación social y política.