La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha tardado ahora casi medio año en detectar errores a corregir en el anuncio por el que abrió un periodo de información pública sobre el expediente de una modificación de características de concesión de aguas públicas para uso industrial minero de la compañía Atalaya Riotinto Minera, sita en el término municipal de Minas de Riotinto (Huelva).
De momento la tramitación administrativa de la solicitud de la compañía acumula ya diez meses. El primer intento se produjo mediante un anuncio fechado el 13 de marzo de 2024. Ecologistas en Acción presentó unas alegaciones en las que señaló que se había cometido el error de dar un plazo de veinte días naturales en vez de veinte días hábiles para que cualquier interesado pudiera presentar las observaciones que considerara pertinentes.
Los verdes alertaron de que el plazo no se ajustaba a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y ello en aplicación de los artículos 83 (Información pública) y 30 (cómputo de plazos). Exigieron, pues, que se retrotrajera el procedimiento para realizar un nuevo periodo de información pública de 20 días hábiles anunciado en Boletín Oficial.
Otro motivo alegado por Ecologistas en Acción para el reinicio del procedimiento fue el incumplimiento del artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en tanto que en la solicitud no se indicaban los términos municipales afectados y no era posible conocer qué ayuntamientos estaban obligador a realizar una exposición pública.
Tercera causa de la impugnación ecologista: la Administración tiene la obligación de publicar en sede electrónica o página web la documentación sometida a información pública, es decir la petición de la solicitud y la documentación técnica sobre las obras proyectadas necesaria para la concesión solicitada. Sin embargo, toda esa información se había omitido.
Item más, los verdes también señalaron falta de información en relación con el artículo 53.1 de la ley de Aguas, que establece las condiciones de extinción del derecho de uso privativo: no se aportaba ninguna información sobre cuál es el derecho de uso privativo que se extingue y el motivo de esa extinción. De lo único que hablaba la Junta de Andalucía era de la modificación de un expediente y sin especificar sus características.
Y como remate final, Ecologistas en Acción denunció que se vulneraba la planificación hidrológica, ya que se superaría con mucho las cantidades destinadas al uso industrial minero en la comarca, según lo establecido en el vigente Plan Hidrológico Tinto, Odiel, Piedras.
Todas estas omisiones y ocultaciones de información sobre el destino final del uso industrial de 9.030.000 m3 al año estaban vinculadas, en opinión de los verdes, al proyecto de la planta de metales de alta pureza.
Con fecha 21 de julio de 2023, la autoridad ambiental de Huelva de la Junta de Andalucía había otorgado Autorización Ambiental Integrada para una planta de producción de metales de alta pureza ubicada en el t.m. de Minas de Riotinto, cuyo titular es Atalaya Riotinto Minera S.L.U. (Expediente AAI/HU/088).
En dicha resolución se incluyó una resolución anterior, de 26/08/2022, donde se decidió declarar la confidencialidad del consumo de recursos naturales (entre ellos el agua) de esta planta, denominada Planta E-lix. Dentro de esa resolución de AAI se minimizó el consumo de agua necesaria, en base a una supuesta reutilización de la concesión de aguas ya existente en ese momento.
"Resulta evidente -afirmaba Ecologistas en Acción- que la actual solicitud de 9.030.000 m3/año de concesión de aguas públicas superficiales y pluviales no se corresponde con lo indicado falsamente en la AAI de la Planta E-lix, y explica claramente el interés desmedido de la Junta de Andalucía por ocultar a la ciudadanía el verdadero consumo industrial de agua de la Planta E-lix".
Tras la alegación de los ecologistas, la Consejería se vio obligada a abrir un nuevo periodo de información pública el 24 de julio de 2024 y a corregir el plazo de presentación de alegaciones u observaciones por parte de los interesados.
Los verdes presentaron nuevas alegaciones y, entre otros puntos, volvieron a señalar que se había incumplido el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ya que no se ha indicado si se ha solicitado la declaración de utilidad pública para la concesión solicitada.
El pasado 8 de enero (2025), es decir casi medio año después de la corrección de errores reconocidos el 24 de julio de 2024, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha detectado una nueva equivocación en la tramitación que la obliga a abrir otro periodo de información pública, con lo que ya han transcurrido diez meses desde el inicio de la tramitación de la solicitud por parte de Atalaya Riotinto Minera sin que hasta la fecha se haya podido aprobar.
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